La igualdad, ¿arma de jueces justos, ignorantes, corruptos, populistas o de políticos de izquierda antidemocrática?

Javier Tamayo Jaramillo Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y tratadista tamajillo@hotmail.com

La igualdad es la esencia del Derecho. Sin igualdad, las sociedades son inviables. Es el principio máximo de la Constitución, como igualdad real, dentro de lo posible, en un Estado social de derecho y bienestar.

Pero ella, dentro de una sociedad con jerarquías de poder político, religioso o económico, lleva consigo el germen de su propia destrucción como principio absoluto. Todo poder genera desigualdades justas o injustas. Además, las sociedades afrontan enormes problemas de tipo ambiental, energético, alimentario, de empleo, de desastres, de inseguridad, de corrupción, de transporte. En resumen, casi todos los países del mundo son estados de carencia con inmensas dificultades para lograr el estado de bienestar. Por ello, el Estado social de derecho debe luchar para crear legalmente desigualdades que distribuyan el máximo de igualdad posible, en una sociedad carente de bienes.

Afirma Robert Alexy que los principios, entre ellos la igualdad, solo son exigibles cuando sea fáctica y jurídicamente posible. Un Estado en guerra, oprimido por dictaduras de izquierda o de derecha, en crisis económica, con terrorismo, o en medio de desastres no puede garantizar el estado de bienestar, ni mucho menos una absoluta igualdad.

El derecho absoluto de igualdad no se puede lograr con sentencias  constitucionales que resuelven casos concretos, pues con seguridad, la igualdad conseguida con el fallo en favor de un individuo o un grupo, desequilibra el derecho de igualdad de todos los demás necesitados de esa misma igualdad pero que son ajenos al proceso. La concesión indiscriminada de derechos económicos a nombre del principio de igualdad en un Estado escaso de recursos beneficia a unos pocos en desmedro del  derecho de igualdad de todos los demás necesitados que, con esa sentencia, quedan más desiguales todavía.

Cuando se utiliza como arma de lucha de clases, la jurisprudencia ignora u oculta un elemento básico de todos los principios constitucionales.  Me refiero a la restricción de derechos. Según Alexy, todos los derechos, incluido el de igualdad, deben ser restringidos hasta donde sea necesario para repartir entre todos los individuos lo poco o mucho de igualdad de que se dispone en ese momento histórico del país. Todas las leyes tienen por finalidad restringir el derecho de igualdad en todos los demás principios y derechos constitucionales. Las leyes penales, urbanísticas, económicas, ambientales, patrimoniales, etc., lo que pretenden siempre es restringir la igualdad de forma tal que esta quede igualmente repartida para así lograr el máximo posible de igualdad de bienestar, de acuerdo con lo posible jurídica y fácticamente.

Este principio se está violando flagrantemente en Colombia, por los jueces. A nombre del principio de igualdad, estamos acabando con la justicia y con el derecho a la igualdad de todos. Con esa tesis usted puede destruir todo un sistema jurídico, pues todos los derechos constitucionales están restringidos, y por lo tanto al aplicarlos sin tener en cuenta esas restricciones el derecho a la igualdad desaparece para los demás.

Digámoslo con claridad: en muchas oportunidades, las cortes y los jueces en general aplican correctamente el derecho a la igualdad. Pero esa es una cortina que esconde la mayor crisis de la justicia colombiana, pues en nombre de la igualdad se viola a diario el principio de igualdad mismo. Así por ejemplo, todo el mundo sabe que la igualdad se rompe gravemente con el sistema de selección de tutelas en la Corte Constitucional. Sabemos que hay toda una forma de corrupción, al lograr que por todo tipo de intereses, una legión de abogados logren que injustificadamente se seleccionen tutelas, o que otras no lo sean. ¿Dónde queda el derecho de igualdad de las contrapartes de quienes lograron tan dudoso beneficio?  

Y a nombre del derecho de igualdad, se concedió el mínimo vital para los desplazados, se ordenó un sistema de salud que ningún país del mundo es capaz de costear. Hubo que destinar los escasos recursos de que se disponía, sin conseguir el objetivo, y hoy vemos las cárceles hacinadas y sin servicio de salud, los campesinos menesterosos y los desposeídos en las calles, sin un mínimo de atención médica, porque sencillamente no hay recursos para atender sus necesidades. Es la flagrante violación del derecho de igualdad de los demás desposeídos que no fueron cobijados por las sentencias de la Corte. Por no haber aplicado el principio de proporcionalidad al momento de fallar, se violaron los derechos de los demás.

Y para rematar, a nombre de la ruptura de la igualdad de las cargas públicas, el Consejo de Estado condena a la policía porque en un atentado terrorista la guerrilla destruye bienes de particulares al atacar el cuartel de la policía situado en el casco urbano del pueblo. Se desconoce la existencia de la carga de soberanía, que todos los individuos están obligados a soportar si el daño no proviene del Estado mismo, sino de la acción de terroristas que buscan acabar con los derechos constitucionales de la sociedad entera.

Por ello, en ningún país distinto de Colombia el Estado responde por actos de terrorismo ni por operaciones de guerra, porque la sociedad entera está obligada a participar y a tolerar la defensa del Estado de derecho. Al indemnizar los daños, como lo ordenó el fallo citado, se afecta el derecho de igualdad de quienes son salvajemente asesinados porque no hay presupuesto para nombrar más soldados y porque en su pueblo no hay un cuartel de policía.

Está abierto el camino para que la Corte diga que la propiedad privada afecta la igualdad de todos frente a la propiedad, y como a nombre de la igualdad se creó el precedente obligatorio, pese a que el artículo 230 de la Constitución establece lo contrario, de un plumazo y sin una sola bala, Colombia devenga un país comunista, totalitario, arruinado y sin división de poderes. Hoy, a nombre de la igualdad, el país se acaba, campean la corrupción y el apoderamiento del Estado por las mafias de todo tipo.