La Ley 2445 de 2025, conocida como régimen de insolvencia de persona natural no comerciante tiene una finalidad clara y socialmente importante como es darle una segunda oportunidad a quienes, por circunstancias adversas, ya no pueden cumplir con sus obligaciones económicas. Este mecanismo busca reintegrar a la persona natural al sistema productivo mediante la normalización de sus relaciones crediticias.

La ley contempla tres caminos para lograr este objetivo:

La negociación de las deudas con los acreedores: El deudor puede llegar a un acuerdo con todos o con algunos de sus acreedores, estableciendo nuevas condiciones de pago (plazos, intereses y montos) acordes con su nueva situación económica.

Convalidación de acuerdos privados: Si el deudor alcanza un acuerdo con la mayoría calificada de sus acreedores, puede hacer que este se extienda a todos garantizando equidad en el trato entre ellos.

Liquidación patrimonial: Cuando no es posible pagar, se procede a la venta de los bienes embargables del deudor para pagar hasta donde se alcance.

Ámbito de aplicación

Este régimen aplica a personas naturales no comerciales y a pequeños comerciantes con activos inferiores a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, excluyendo la vivienda familiar y el vehículo de trabajo, incluso si no cumple con los deberes establecidos en el artículo 19 del Código de Comercio, entre ellos tener matrícula del registro mercantil y llevar contabilidad de los negocios.

Competencia y acceso al procedimiento

Pueden conocer del procedimiento de negociación de deudas y convalidación de acuerdos, los centros de conciliación del lugar del domicilio del deudor, a través de los conciliadores inscritos en sus listas. Las notarías del lugar de domicilio del deudor lo harán a través de los conciliadores inscritos en las listas conformadas para el efecto de acuerdo con el reglamento.

Requisitos para presentar la solicitud

La solicitud de trámite de negociación de deudas deberá ser presentada directamente por el deudor, quien podrá comparecer al trámite acompañado o representado por apoderado judicial. Será obligatoria su asistencia con o a través de apoderado judicial en los casos en que sea superada la mínima cuantía. La solicitud deberá contener:

1. Causas de la cesación de pagos.
2. Propuesta de negociación de deudas clara y objetiva.
3. Relación completa y actualizada de acreedores y características de las deudas, en el orden de prelación de créditos.
4. Relación detallada de los bienes del deudor, indicando los valores estimados y los datos necesarios para su identificación, así como los gravámenes, afectaciones como a vivienda familiar y otros.
5. Relación de procesos judiciales o administrativos en curso.
6. Certificación de ingresos del deudor expedida por su empleador o fondo de pensiones o, en caso de que sea trabajador independiente, una declaración de los mismos.
7. Monto al que ascienden los recursos disponibles para el pago de las obligaciones descontando los gastos necesarios para la subsistencia del deudor y de las personas a su cargo.
8. Información sobre sociedad conyugal o patrimonial vigente y en el evento en que la haya tenido, aportar copia de la escritura pública o sentencia por medio de la cual se liquidó la sociedad conyugal.
9. Discriminación de obligaciones alimentarias, indicando cuantía y beneficiarios y anexando certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
10. Constancia de matrícula mercantil (para pequeños comerciantes).

La información debe ser precisa, veraz y rendida bajo la gravedad de juramento.

Trámites para miembros de un mismo núcleo familiar

Si varios miembros de una misma desean acogerse al régimen pueden presentar sus solicitudes de forma coordinada ante el mismo conciliador.

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