Según la funcionaria, sus principales retos serán la descongestión de los juzgados y la efectividad del Código General del Proceso y el Estatuto de Arbitraje.
Interponer varias acciones para obtener múltiples pronunciamientos sobre los mismos hechos implica dejar de atender otras solicitudes de los ciudadanos.
Para poner en marcha el nuevo procedimiento sería necesario adecuar tecnológicamente los despachos y realizar un estudio de costos, indicó el Ministerio Público.
El Congreso decidirá este semestre si modifica la estructura del Consejo Superior de la Judicatura y entrega funciones jurisdiccionales a particulares.
A finales de febrero, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura informó sobre la creación de juzgados en los 135 municipios que no los tenían.
Si el objetivo de la Ley 1395 es descongestionar los despachos judiciales, la interpretación más razonable es acoger el trámite horizontal, explicó la Corte Suprema.
Las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura deberán rendir informes trimestrales sobre el cumplimiento de las metas de descongestión.
En la conciliación, se cayó la “supercorte” encargada del juzgamiento de aforados y las atribuciones para la Corte Constitucional como órgano de cierre en materia de tutela.
El nombramiento de los cargos de descongestión dependerá de que los directores seccionales de administración judicial certifiquen la disponibilidad de espacios, mobiliario e infraestructura.
El requisito de fidelidad no puede ser exigido, ni siquiera en situaciones configuradas antes de la expedición de las sentencias C-428 y C-556 del 2009.
Aunque no es una propuesta consensuada con la Rama Judicial, esto no implica que existan fracturas en su interior, explicó Mauricio Fajardo, presidente de la corporación.
Aunque no llegó a un consenso con las altas cortes, el Ejecutivo radicó su proyecto. La Corte Suprema y el Consejo de Estado advirtieron que la iniciativa pone en riesgo la separación de poderes.
Durante el 2010, el índice de productividad de esos despachos fue del 133%, lo que significó la evacuación de alrededor de 200.000 procesos acumulados.
La Corte Constitucional declaró inexequible la disposición de la Ley de Descongestión Judicial que facultaba a la Corte Suprema para imponer esa sanción.