Consejo de Estado presenta su propio proyecto de reforma a la justicia

El presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de reforma a la justicia que parte de la iniciativa de esa corporación y responde a la propuesta presentada la semana pasada por el Gobierno.

Según Fajardo, el proyecto del Consejo consta de cinco ejes temáticos: fortalecimiento de la autonomía de la Rama Judicial, protección a los consumidores y mecanismos de solución de conflictos, modificaciones a la estructura de la Rama Judicial, seguridad jurídica y justicia electoral.

El alto tribunal cuestiona el hecho de que a la administración de justicia no se le asignen los recursos necesarios para su funcionamiento. Por esa razón, propone que, como mínimo, un 5%  de los recursos del presupuesto nacional se destinen a la Rama Judicial.

En materia de congestión, se propone que las autoridades judiciales puedan reasignar competencias y crear despachos de descongestión, que se dedicarían exclusivamente a esta labor y no tramitarían acciones constitucionales. Además pide facultarlos para adoptar medidas permanentes o transitorias de descongestión, con el fin de afrontar situaciones coyunturales de represamiento de procesos.

Contrario a la planteado por el Gobierno, el proyecto no prevé la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, pero sí su modificación. De acuerdo con Fajardo, se crearía una Sala de Gobierno, integrada por los presidentes de las altas cortes, el Fiscal General de la Nación y representantes de los funcionarios judiciales. Esta instancia se encargaría de fijar las políticas de la Rama Judicial.

Las salas Administrativa y Disciplinaria se mantendrían. La primera estaría integrada por tres abogados y tres profesionales de las ciencias económicas, que serían de libre nombramiento y remoción. La Sala Disciplinaría seguiría conformada por siete magistrados, que serían elegidos por las cortes y no por el Congreso de la República, como ocurre actualmente.

De otro lado, se propone modificar los requisitos para ser magistrado. La iniciativa exige una edad mínima de 50 años y 20 años de experiencia profesional. Las personas que hayan sido sancionadas disciplinariamente con destitución del cargo no podrían ser elegidas como tales. La elección, por su parte, se realizaría por el sistema de cooptación, previa convocatoria.

Uno de los puntos más sensibles tanto de la iniciativa gubernamental como de la propuesta del Consejo de Estado es la tutela contra sentencias judiciales. El Consejo plantea que, en estos casos, la acción deba presentarse por intermedio de abogado, ante la misma jurisdicción que profirió la providencia impugnada.

Si la acción prospera, el juez de tutela sólo podrá ordenar que el juez accionado tome las medidas respectivas. En ningún caso podrá tomar decisiones sobre el fondo de la providencia atacada, con el fin de preservar el principio del juez natural.

Las acciones de tutela presentadas en contra de sentencias de las altas cortes serían decididas por la Sala Plena de la respectiva corporación y no estarían sujetas a revisión de la Corte Constitucional.

Otras reformas

A propósito de la acción de tutela, la Corte Constitucional tendría que motivar la selección de los fallos para revisión.

De otro lado, las decisiones de los jueces tendrían fuerza vinculante para las autoridades administrativas, que estarían obligadas a aplicar dichos precedentes.

Con respecto a nuevas facultades, el Consejo de Estado propone que la jurisdicción contencioso administrativa, además ordenar la suspensión provisional del acto administrativo, pueda adoptar otras medidas cautelares que regule la ley.

Otro punto contrario al proyecto del Gobierno, es el que propone restringir al máximo la atribución de funciones jurisdiccionales a particulares y a algunas autoridades administrativas.

Respecto a la protección de los consumidores, la iniciativa plantea que exista un arbitramento gratuito, para que el consumidor pueda acceder a la justicia restaurativa por los daños que le cause el uso o consumo de productos defectuosos. Dichas decisiones podrían ser objeto de control jurisdiccional

En materia electoral, se propone, entre otras cosas, sustituir la “revocatoria” de la personería jurídica de los partidos políticos y de la inscripción de candidatos por la “cancelación” de dichas personería e inscripción.

Así mismo, se suprimirían las facultades que actualmente ejerce el Consejo Nacional Electoral en materia de revisión de escrutinios, como cuerpo consultivo del Gobierno en temas electorales y en desarrollo de la atribución de presentar proyectos de ley y de acto legislativo.

(Proyecto de Acto Legislativo 11, ago. 11/11)