Despachos judiciales deben publicar normas sobre costos de diligencias

El Consejo Superior de la Judicatura les solicitó a los directores seccionales de administración judicial publicar qué procedimientos generan cobro por parte de la Rama Judicial, sus costos y cuáles deben atenderse gratuitamente.

La orden, impartida por la Sala Administrativa en cumplimiento de la Sentencia T-260 del 2010 de la Corte Constitucional, dispone que sean públicos los acuerdos 1772 del 2003, 2255 del 2003 y 4649 del 2008, en los cuales están registrados los costos correspondientes a las diligencias judiciales que ameritan cobro.

De acuerdo con la sentencia de tutela, lo que se busca es “desterrar de los despachos una práctica inadecuada, que puede representar una barrera de acceso para el usuario y un provecho irregular de parte de funcionarios o particulares”.

Según el Acuerdo 4649 del 2008, que actualizó los valores del arancel judicial fijados en el Acuerdo 1772 del 2003, el cobro por certificaciones es de 5.000 pesos; el de cada procedimiento de certificación personal, de 6.000 pesos, que no incluyen el valor del servicio postal autorizado por el Ministerio de Comunicaciones, y el de cada diligencia de notificación personal en procesos de alimentos cuya cuota alimentaria no sea superior a 80 millones de pesos, de 1.500 pesos.

(C. S. Jud., Circ. 11-24, jun. 3/11)