Esta es la reforma a la justicia que propone el Gobierno

Luego de una serie de comisiones interinstitucionales, anteproyectos y reuniones de socialización, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, radicó un nuevo proyecto de reforma constitucional a la justicia, que, entre otras cosas, busca garantizar la seguridad jurídica y descongestionar los despachos judiciales.

 

Con ese fin, el Ejecutivo plantea reformar la acción de tutela, suprimir el Consejo Superior de la Judicatura, eliminar las funciones nominadoras de las altas cortes, entre otras modificaciones.

 

Además, propone la doble instancia en el juzgamiento de altos funcionarios del Estado, inhabilitar a los exmagistrados durante cinco años para acceder a cargos de elección popular y crear un colegio nacional de abogados, encargado de investigar y sancionar disciplinariamente a los profesionales del Derecho.

 

ÁMBITO JURÍDICO reseña algunos de los puntos más destacados de la iniciativa:

 

Reglamentación de la tutela

En materia de seguridad jurídica, se pide una ley estatutaria que regule las competencias y especialidades en materia de tutela entre jueces y tribunales.

 

Además, la tutela contra providencias judiciales se presentaría ante el superior funcional del accionado. Esta acción, según el proyecto, se interpondría mediante abogado, excepto cuando en el proceso no haya sido obligatoria la postulación a través de un profesional del Derecho.

 

La tutela contra providencias de una sala de tribunal superior de distrito judicial, de una sección de tribunal administrativo o contra decisiones arbitrales tendría que interponerse ante una sala de la Corte Suprema de Justicia o una sección del Consejo de Estado, dependiendo del caso. Se resolvería en única instancia y no podrían pasar más de 20 días entre la solicitud y su resolución.

 

Por su parte, la tutela contra decisiones de una sala de la Corte Suprema de Justicia, de una sección o de la Sala Plena del Consejo de Estado tendría que interponerse ante la sala plena de la respectiva corporación. Esta también se resolvería en única instancia, pero tendría 30 días para su resolución.

 

Los fallos podrían ser revisados por la Sala Plena de la Corte Constitucional, para unificar interpretaciones en materia de derechos fundamentales.

 

Para finalizar el tema de la seguridad jurídica, se le otorgaría una nueva facultad a la Corte Constitucional: realizar control previo a los proyectos de ley que contengan asuntos penales, tributarios y relacionados con el ahorro público. En este caso, el alto tribunal podrá declarar su constitucionalidad y el Gobierno conservaría la potestad de objetar por razones de inconveniencia.

 

Eliminación del Consejo Superior de la Judicatura

Un profundo cambio en la administración de la Rama Judicial se pide en este proyecto. Se trata de la supresión del Consejo Superior de la Judicatura y su remplazo por el Consejo Superior Judicial, que se compondría de una Sala de Gobierno y una Gerencia de la Rama Judicial.

 

La Sala de Gobierno, que formulará políticas para el sector, estaría integrada por siete miembros, los presidentes de las altas cortes y tres delegados de estas corporaciones, más un delegado escogido por los magistrados y jueces. Además, podrían actuar con voz, pero sin voto, el Fiscal General de la Nación, el Ministro de Justicia y del Derecho y el Gerente de la Rama Judicial.

 

El papel del Gerente de la Rama Judicial sería el de ejecutar los planes sectoriales y el presupuesto, así como administrar el recurso humano y el Sistema Único de Información y Estadísticas Judiciales. Este funcionario tendría que ser profesional especializado y con maestría en ciencias administrativas, económicas o financieras y tener mínimo 20 años de experiencia.

 

Creación de un colegio de abogados

La Constitución tendría un nuevo artículo para autorizar al Colegio Nacional de Abogados a llevar el registro de estos profesionales e investigar y sancionar sus faltas disciplinarias.

 

Como la propuesta pide eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, mientras entra en funcionamiento el Colegio Nacional de Abogados, las labores disciplinarias serían ejercidas por la Procuraduría General de la Nación.

 

Por otra parte, la conducta disciplinaria de los fiscales, jueces y magistrados de tribunal sería investigada, juzgada y sancionada por su superior funcional, así como los empleados de la Rama Judicial serían disciplinados por el superior funcional. No obstante, la propuesta aclara que esto no perjudicará el poder preferente del Ministerio Público.

 

Inhabilitación a exmagistrados

El Gobierno pide que los magistrados de las altas cortes y del Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y el Registrador Nacional del Estado Civil queden inhabilitados para ser elegidos a cargos de elección popular durante su periodo de ejercicio y los cinco años posteriores a su retiro del cargo.

 

Además, la edad de retiro forzoso de los magistrados sería a los 70 años. También se amplía el requisito de experiencia para ser magistrado de las altas cortes, pues pasa de 10 a 20 años.

 

Supresión de funciones nominadoras

También se busca eliminar las funciones nominadoras de las altas cortes. En ese sentido, el Procurador General de la Nación sería elegido por el Senado de una terna enviada por el Presidente de la República. Por su parte, al Contralor General de la República lo elegiría el Congreso en pleno, eliminando la facultad que tienen las altas cortes para proponer ternas.

 

Doble instancia para altos funcionarios

El juzgamiento de funcionarios con fuero, como congresistas, ministros y directores de departamentos administrativos, cambiaría, pues el proyecto pide implementar el sistema penal acusatorio.

 

Así, la investigación y la acusación serían asumidas por el Fiscal General de la Nación, el control de garantías lo ejercería el Tribunal Superior de Bogotá y el juzgamiento, en doble instancia, lo adelantaría la Corte Suprema de Justicia. Para este propósito, su Sala Penal se dividiría en dos secciones.

 

En su propósito de descongestión, el Mininterior pide autorización para tramitar una ley que le permita conferir facultades jurisdiccionales a funcionarios de la Rama Judicial, quienes no podrían proferir sentencias que pongan fin a procesos. También se entregarían estas funciones a notarios y centros de arbitraje y conciliación. Pero la función jurisdiccional también la tendrían abogados en ejercicio, máximo por cinco años.

 

Finalmente, se pide al Congreso permitir el ejercicio de la acción penal a la víctima o a autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación.

 

(Senado, P.A:L. 007/11S, autor: Mininterior)

 

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La reacción de las cortes

 

Pocas horas después de la radicación del proyecto, los presidentes del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, y de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, aseguraron que la reforma pone en riesgo la autonomía y la independencia del poder judicial.

 

En un comunicado, los dignatarios señalaron que la radicación del proyecto es una muestra de que los diálogos sostenidos con el Gobierno durante el último año para llegar a un consenso sobre la propuesta de reforma fueron inanes.

 

Los magistrados destacaron que la iniciativa no incluye nada relacionado con recursos para el funcionamiento de la Rama Judicial, que ha sido la principal solicitud de las altas cortes. Además, advirtieron que la propuesta compromete la separación de poderes y debilita la administración de justicia, pues contiene proposiciones extrañas a su organización.

 

Ambas corporaciones anunciaron la posibilidad de solicitar una veeduría internacional, para que vigile el trámite del proyecto en el Congreso.