El día Jurídico
El procesado había sido condenado en primera instancia por un juzgado penal de Armenia, pero fue absuelto en segunda instancia, lo que lo llevó a exigir una reparación superior a los $ 630 millones.
Los nombramientos se hicieron de conformidad con el registro de elegibles producto del concurso de méritos adelantado por la Rama Judicial. En los próximos días se designarán las plazas que faltan...
Así lo advirtió la Aerocivil al hacer referencia a las medidas adoptadas por la Registraduría Nacional en materia de identificación.
Para que se configure una falta disciplinaria, la conducta debe ser antijurídica, lo cual supone no solamente el incumplimiento formal del deber, sino que es menester que la infracción de este sea...
Un fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado indica, también, cuándo se considera injusta y, por consiguiente, resulta procedente reparar a la víctima que así lo ha sufrido.
Aunque, en principio, el análisis de la legalidad del acto está enmarcado en las causales de nulidad invocadas, es cierto que el juez puede y debe examinar otras conexas con derechos fundamentales...
Se trata de una serie de mejoras que se implementarán en el marco del Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017-2027, así lo anunció el Ministro de Justicia.
La Sección Quinta del Consejo de Estado hizo una serie de aclaraciones respecto a las exigencias procesales y a la competencia para adelantar este tipo de procesos.
La Corte Constitucional explicó qué tipo de medidas debe adoptar el juez de tutela frente a la procedencia excepcional para proteger derechos fundamentales de las víctimas en las reclamaciones...
En una reciente sentencia, la Sección Segunda del Consejo de Estado realizó algunas precisiones sobre la jornada laboral de los trabajadores públicos del orden territorial.
La Sección Quinta del Consejo de Estado explicó esta cuestión en relación con la declaratoria de nulidad del acto de nombramiento en provisionalidad de una ministra plenipotenciaria.
Un fallo recuerda que la culpabilidad penal no incide en el análisis de responsabilidad de la víctima que pretende ser indemnizada por la privación de la libertad.
Tenga en cuenta que dicha figura es un requisito de procedibilidad para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en cuanto el asunto en cuestión sea conciliable.
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