Los valores se liquidan teniendo en cuenta el monto del salario mínimo adoptado mediante el Decreto 2541 del 2018.

Si se cumplen los presupuestos de procedencia del error judicial, la acción de reparación directa procede para buscar el resarcimiento de los daños ocasionados con este tipo de actos.

La Sección Tercera del Consejo de Estado señaló la importancia de efectuar un análisis de las obligaciones que la normativa impone a las autoridades para la época de los hechos.

La aplicación inmediata de las normas procesales también debe hacerse cuando se trata del tránsito de regulación en el ámbito contractual.

La entidad podrá imponer desde amonestaciones escritas hasta revocatorias de funcionamiento y remoción de representantes.

En el caso concreto, la interventoría indicó que había valores por amortizar del anticipo, por lo que no fue la razón del incumplimiento.

En el caso analizado, la Sección Tercera del Consejo de Estado negó la pretensión de un ciudadano porque la demora en la entrega sí estaba justificada.

El control judicial de los actos disciplinarios es integral, por lo que abarca las causales de nulidad y la valoración de las pruebas recaudadas, sustenta un fallo.

Conozca los aspectos que el Consejo Nacional Electoral reglamentó de la Ley Estatutaria 1909 del 2018.