Sin perjuicio de las particularidades propias de cada caso concreto, la Subsección A de la Sección Tercera recordó algunos presupuestos para eliminar las apreciaciones subjetivas.

Así lo indicó la Sección Primera del Consejo de Estado al revocar un auto en el que el a quo se negó a librar el mandamiento de pago.

Minhacienda recuerda que el pago opera para los funcionarios que residen en zonas rurales ubicadas en la misma jurisdicción del municipio y que deban desplazarse hasta la cabecera municipal.

La Sala Plena de la Sección Tercera aclara en qué eventos hay lugar a declararla y qué deber surge en cabeza del juez de daños.

La Contraloría General de la República responde a este interrogante partiendo de lo establecido en la Ley 50 de 1990.

Los hallazgos detectados no solo comprometen los resultados esperados en la inversión, sino que afectan la posibilidad de acceder a un eficiente y oportuno servicio de justicia.

Así mismo, cuando no sea posible mediante empresas de acueducto, se debe prestar el servicio a través de acueductos comunitarios.

El Ministerio de Hacienda resuelve varias inquietudes relacionadas con la aplicación de la Ley 550 de 1990.

El caso analizado motivó a recordar que el elemento de responsabilidad “nexo causal” se entiende como la relación necesaria y eficiente entre la conducta imputada con el daño.

El DAFP citó jurisprudencia del Consejo de Estado en la que precisa el momento en que se configura la inhabilidad.