Según la Sala Civil, el reconocimiento de estas prestaciones se rige por las mismas reglas generales de las prestaciones mutuas consignadas en los artículos 961 a 971 del Código Civil.
La Corte Constitucional exhortó a la Superintendencia de Notariado y Registro a capacitar a sus funcionarios para que no vulneren los derechos al debido proceso administrativo.
Si pasados 30 días desde la renuncia al cargo aún no se ha designado el remplazo, quien pretendía apartarse de sus labores conservará su calidad de representante legal respecto a terceros.
La Corte Constitucional declaró inexequible un apartado del artículo 140 del Código Civil, por resultar incompatible con la dignidad humana.
Según la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, al no estar taxativamente prevista como insaneable no es posible catalogarla como “una anomalía procesal de imposible convalidación”.
El fallo aclara los eventos en los que procede la corrección de una inconsistencia registral.
La confianza legítima no es una fuente directa de derechos de propiedad y, por lo tanto, no es una vía de normalización de la posesión.
La Corte Constitucional anunció, a través de un comunicado de prensa, algunas de las razones que la condujeron a inhibirse para decidir sobre la causal.
El contrato de promesa tiene por objeto garantizar que las partes suscribirán, con posterioridad, otro contrato. De manera que es indispensable fijar el plazo o condición para el cumplimiento de...
No se puede exigir al afectado que demuestre el desarrollo de un “laborío redituable” para acceder a su pretensión, pues basta con encontrar acreditada la pérdida de capacidad laboral.
Si en una relación amorosa no está presente el requisito de permanencia, no existe voluntad responsable de conformar una familiar ni de trascender a un proyecto común no se podrá declarar la unión...
Así lo decidió la Corte Constitucional al declarar exequible, de forma condicionada, el artículo 2º de la Ley 91 de 1936.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia aclaró la postura plasmada en una sentencia del 2017, con el objetivo de indicar que el secuestro y el embargo sí son procedentes.
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