Ordenan reintegro de mujer que prestaba servicio militar voluntario y fue desacuartelada por embarazo
Congreso deberá valorar conveniencia de medidas que protejan a la mujer embarazada que presta servicio militar voluntario.
Congreso deberá valorar conveniencia de medidas que protejan a la mujer embarazada que presta servicio militar voluntario.
Operó una causal que justificó el actuar del abogado disciplinado, pues lo hizo para salvar un derecho propio o ajeno.
Este proyecto buscaría garantizar una atención equitativa y efectiva, promoviendo la coordinación entre diferentes actores del sistema de salud.
Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (4 al 8 de noviembre).
En opinión del demandante, la disposición vulnera los principios de tipicidad y legalidad de la conducta.
La disposición modifica el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1819 del 2016, sobre la aplicación de la contribución de valorización
La disposición acusada está contenida en un parágrafo del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Este proyecto buscaría ofrecer apoyo emocional y social a estas comunidades, en especial a aquellas que enfrentan desafíos derivados de la migración y el desplazamiento.
La reciente Conferencia de las Partes (COP16) subrayó la necesidad de un enfoque más profundo en la regulación empresarial y la protección al consumidor.
Secretaría de Educación de Cundinamarca deberá examinar las condiciones particulares en las que quedarían los servidores en retiro.
Rubiano es médico cirujano y especialista en salud pública, ha ocupado roles clave en la administración de servicios de salud en Bogotá y a nivel nacional.
Aunque el accionante demostró ser mayor de edad, se persistió en el bloqueo, cierre de cuenta y pérdida del contenido.
Se trata de personas económicamente activas que pueden contribuir al financiamiento y sostenibilidad del sistema.
En el año 2024, los docentes y directivos docentes percibirán por concepto de bonificación pedagógica un valor equivalente al 24 % de la asignación básica mensual.
Entre la pérdida de capacidad laboral y su declaratoria el afiliado pudo trasladarse entre administradoras y regímenes.
La iniciativa buscaría incluir a diversos grupos sociales, como mujeres, jóvenes, comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado, en la toma de decisiones sobre políticas públicas.
El tope de 12 mil UVT se refería a prestadores de servicios y actividades de consultoría y científicas, incluidas profesiones liberales.
La excongresista fue condenada a más de cinco años de prisión, interdicción y multa de más de $3.000 millones.
Criterio rector de los árbitros es la equidad y, en ese sentido, pueden evaluar con un amplio margen de libertad.
La UNP no tuvo en cuenta la vulnerabilidad asociada a los desplazamientos que su labor le exige al accionante.
Es probable que solo bajo una mirada que reconozca la necesidad de profundas transformaciones en nuestro sistema alimentario podamos evitar una tragedia de proporciones globales.
Relación de sujeción con el Estado no permite limitar el derecho fundamental a la salud de los privados de la libertad.
La medida, que beneficiará a migrantes y personas con VIH, busca controlar el aumento de casos y reducir los costos del tratamiento.
Siempre que se debate sobre la viabilidad de la implementación del juicio por jurados en Colombia surgen los mismos argumentos.
La política exterior feminista tendría entre sus objetivos clave promover la igualdad de oportunidades y combatir la discriminación de género en las relaciones bilaterales.
La Corte Constitucional examinó los límites constitucionales para el cobro extrajurídico de obligaciones.
El magistrado Alejandro Ramelli Arteaga estará al frente de esa institución para el periodo 2024-2026.
Restablecimiento del derecho a la imagen aplica por uso indebido, publicación sin consentimiento o intención de excluirla.
María del Rosario Guerra, exministra, exsenadora de la República y miembro del comité promotor del referendo por la autonomía fiscal de las regiones, habló con ÁMBITO JURÍDICO sobre el estado actual de la iniciativa.
Pese a la importancia de este bien jurídico, así como al enorme impacto que tienen las ‘deepfakes’, Colombia tiene profundos vacíos legislativos en torno a estos asuntos.
Diversos hallazgos respaldan la urgencia de implementar medidas para mejorar atención a la población privada de la libertad.
Reiteran exhorto al Congreso para regular muerte digna, advirtiendo que falta de ley no impide el ejercicio de esta garantía.
No existe justificación razonable para excluir del sustituto a quien tiene enfermedad muy grave pero no certificada como tal.
La nueva normativa aspira a garantizar la inclusión y promover la actividad física como un derecho, impulsando así el desarrollo de talentos deportivos en el país.
En la literatura especializada sobre Derecho Agrícola y Derecho Agrario, a menudo se emplean definiciones que pueden generar confusión al utilizarse de manera indistinta.
El cuestionado tomó decisiones contrarias a la ley, sin que se pueda afirmar que lo hizo por negligencia o descuido.
Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (28 de octubre al 1º de noviembre).
Amparan derecho al debido proceso administrativo de funcionario de carrera de la CNDJ a quien se le negó un traslado.
Ministerio de Relaciones Exteriores se negó a expedir pasaporte, sin indicar otra alternativa que permitiera brindar una solución.
Es tiempo ya de poner a las víctimas en el centro, no como cifras frías en las estadísticas como quien posa un cadáver sobre mesa mortuoria, sino como seres humanos.
El Decreto 1275 de 2024 en mención otorga a las autoridades indígenas nuevas competencias ambientales.
No se puede estimar que una tutela sea de entrada irrelevante por referirse a un asunto económico: salvamento de voto.
No cumplía con los requisitos previstos en el CPACA sobre procedencia y contenido y alcance de medidas cautelares.
Hace poco fue aprobado en tercer debate el proyecto de ley, “Por el cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.
Lo que muchas mujeres en prisión veían como una gran esperanza que les brillaba en los ojos, pronto se ha ido desvaneciendo.
La entrada al evento es gratuita, previa inscripción al evento.
El servicio social PDET no solo se convertiría en un espacio de formación para los jóvenes, sino que también les permitiría contribuir al cierre de brechas sociales en las regiones.
La reforma, respaldada por el ministro del Interior, establece un crecimiento gradual del SGP hasta del 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación en 12 años.
Se ordenó el pago a la AFP a favor de la ARP hasta el momento en que aquella asuma directamente la pensión por riesgo común.
Lo contrario, además de inaceptable, representa una barrera a la administración de justicia de la población privada de la libertad.
Aunque el medio óptimo para satisfacerla es el dictamen del médico tratante, no se restringe a la existencia de una orden.
Ya es hora de que la Corte Suprema corrija el rumbo, porque no puede ser que la inclusión de las mujeres siga siendo una excepción.
Esta relación representa una oportunidad para modernizar el sistema financiero, mejorar la experiencia del usuario y fomentar la innovación.
Si ha habido un momento histórico en que es posible el “noble sueño” (de Dworkin, más que de los formalistas del siglo XIX) es este, o está por llegar.
Recientemente, la Corte Constitucional declaró exequible la Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación.
El enfoque de género que se debe observar implica el reconocimiento de garantías y deberes procesales y sustanciales.
Se trata del resarcimiento encaminado a mitigar los efectos adversos que produce al acreedor la mora en el cumplimiento de las obligaciones.
A propósito de los 90 años de la primera edición en alemán de Teoría pura del Derecho, el profesor Édgar Hernán Fuentes-Contreras, de la Universidad de los Andes (Chile), habla sobre Hans Kelsen y su obra jurídica.
Se ordenó a la UGPP reactivar el pago de la sustitución pensional y disponer el pago retroactivo causado debidamente indexado.
Es vital que estos pacientes cuenten con una revisión y control a fin de monitorear su evolución y diagnosticar eventuales afectaciones.
Las autoridades judiciales accionadas aplicaron erróneamente caducidad de reparación directa en presuntas ejecuciones extrajudiciales.
El proyecto se enmarca dentro de la Ley 2297 del 2023, que busca fortalecer la protección y los derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores en el país.
Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (21 al 25 de octubre).
La concepción de modelo unificado de justicia transicional tiene enormes retos. Su legitimidad pasa por la discusión amplia e integral con las víctimas del conflicto armado.
Se probó la necesidad en el suministro de oxígeno medicinal y las dificultades económicas de los pacientes y su red de apoyo familiar.
Violencia y acoso en el entorno laboral es justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo.
La principal preocupación es evitar un escenario en el que la Nación se vea obligada a distribuir más recursos sin un marco claro que defina las responsabilidades de los gobiernos locales.
El proyecto se enmarca dentro de un contexto de reconocimiento de derechos para las personas trans y no binarias en el país.
Mediante auto del 2024, se estableció la existencia del mencionado vicio y se consideró que era subsanable.
Considerando las bondades de la licencia parental compartida, la decisión más acertada sería declarar su constitucionalidad de forma condicionada.
La Ley 418 de 1997 no restringe su ámbito de aplicación temporal en relación con la fecha de ocurrencia del hecho victimizante.
Si se trata de una decisión preparatoria o instrumental que vulnere derechos fundamentales, procede excepcionalmente el amparo.
Se deben adoptar todas las medidas necesarias para adaptar el proceso educativo a las necesidades de los estudiantes.
Corte Constitucional y Alcaldía de Bogotá firman acuerdo para la difusión de jurisprudencia en instituciones educativas.
No se expusieron razones de peso y relevantes que impusieran la modificación del precedente jurisprudencial.
El programa de Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) se destaca por su innovación pedagógica y la apuesta por sus responsabilidades sustantivas.
Deben tramitar de manera oportuna los reclamos que los usuarios realicen para actualizar o corregir información.
Se presenta una hoja de ruta para 2025, que busca mejorar la atención a víctimas de trata y fortalecer la cooperación en zonas fronterizas.
El demandante sostiene que la Constitución es clara al establecer un régimen especial solo para el Distrito Capital.
Según el demandante, la norma lesiona el debido proceso y el derecho a la segunda instancia.
Entre otras razones, el demandante sostiene que el Ejecutivo desbordó las facultades extraordinarias que le fueron concedidas.
Desde las facultades de Derecho, los profesionales del Derecho deben tener una adecuada conceptualización de las nulidades procesales.
La Corte Constitucional recordó su precedente en cuanto a la aplicación del régimen anterior a la Ley 100/93 que resulte más favorable.
No se logró demostrar la infracción al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.
Esta acción es un mecanismo eficaz si se tiene en cuenta que la solicitud de tutela fue presentada a puertas del vencimiento de la lista de elegibles.
El mensaje con este proyecto de ley frente al impuesto al patrimonio es nefasto, ineficiente y carente de soporte jurídico.
Las autoridades judiciales cuestionadas erraron en la aplicación de reglas de conteo de pretensiones promovidas en grupo.
Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (14 al 18 de octubre).
Exequible condicionalmente expresión contenida en el segundo inciso del artículo 153 del Código General del Proceso.
Dichos argumentos no se corresponden con el deber de apreciar la prueba a partir de una adecuada perspectiva de género.
No existe conexidad entre la norma cuestionada y el eje de transformación productiva, internacionalización y acción climática del PND.
Entre los ejes centrales de la reforma, se encuentran el fortalecimiento del acceso a la justicia; la transparencia, la participación ciudadana y el enfoque de género en la elección de los magistrados de las altas cortes.
IPS deberá acompañar a paciente sobre la cual se filtró información relacionada con IVE.
La accionada omitió abordar su actuación con un enfoque de género, sensible a las diferentes violencias que padecen las mujeres.
En virtud del principio de libertad probatoria y de la carga de la prueba, en el proceso judicial, el contribuyente puede presentar nuevas pruebas en la vía judicial para hacer valer su derecho, sin que exista impedimento para ello.
En este punto la teoría del precedente judicial debería ser más una apuesta por el diálogo institucional y menos por el choque.
La prórroga del cese al fuego se fundamenta en la necesidad de fortalecer el proceso de paz y proteger a la población civil.
La estrategia abarca seis áreas específicas que pretenden generar un impacto directo en temas clave como la reforma rural y la seguridad territorial.
La demandante sostuvo que el apartado demandado contradice la prohibición de retroactividad y retrospectividad de la ley tributaria.
Según el demandante, la reserva de información es una restricción irrazonable y desproporcionada que desconoce el derecho de petición.
Amparan derechos fundamentales a la autonomía, autogobierno e identidad étnica y cultural del pueblo Arhuaco.
Sin efectos decisión del Consejo de Estado que anuló la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general impuesta en 2014 a alcalde.
Un enfoque equilibrado entre regulación legal y autorregulación empresarial asegurará que la IAG se utilice de manera responsable.
La entrega de bienes por parte de las Farc y la indemnización a las víctimas son componentes críticos del acuerdo.
Los efectos de la decisión fueron diferidos durante un término igual al que falta para terminar la actual legislatura.
Dicha posibilidad no puede verse limitada bajo el argumento de que no tienen calidad de contribuyentes ni de obligados tributarios.
El tribunal cuestionado omitió estudiar la vulnerabilidad sobreviniente alegada por la accionante tras proferir el fallo demandado.
La propuesta se alinea con los esfuerzos globales por preservar el medioambiente y los compromisos asumidos por Colombia en diversos tratados e instrumentos internacionales.
Además, la encuesta también mostró que la mayoría de los migrantes ingresó a Colombia por las zonas fronterizas, especialmente Norte de Santander, La Guajira y Arauca.
Abogado Eljach, se necesita un Procurador General que vigile el cumplimiento de la Constitución, las leyes y las decisiones judiciales; que proteja los derechos humanos y asegure su efectividad.
Responsables del cuidado y custodia del archivo laboral no son los trabajadores, sino empleadores y administradoras de pensiones.
Busca evitar el desabastecimiento de medicamentos necesarios, especialmente para grupos vulnerables.
Este avance es parte del compromiso del Gobierno para garantizar el apoyo financiero necesario para cumplir con las obligaciones de justicia y reparación.
El trabajador no puede asumir las consecuencias negativas de su falta de afiliación, sobre todo cuando ocurre por falta de cobertura.
La ley 2388 de 2024 reconoce los hijos crianza y establece los medios probatorios para adquirir el derecho.
Por regla general la modalidad (presencial o virtual) del proceso judicial la determina el juez en ejercicio de su autonomía y la única excepción es la audiencia del juicio oral de la jurisdicción penal, que deberá ser presencial.
En el evento se expondrán los proyectos que han buscado impulsar el acercamiento a la ciudadanía a través del lenguaje sencillo.
El ICBF vulneró el derecho al trabajo de la accionante y a la unidad familiar de su hijo menor de edad en condición de discapacidad.
El mandatario de los colombianos dijo que “se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia”.
Además, se está promoviendo la creación de estímulos para incentivar el uso de modelos alternativos que eviten las pruebas en animales.
La normativa establece que cualquier uso de la fuerza debe ser documentado y justificado.
Existen casos en los que los medicamentos no tienen registro sanitario, pero están aceptados en la comunidad científica.
El jefe de Estado anunció que impondrá la Cruz de Boyacá a los magistrados de la Corte Suprema que investigaron casos relacionados con la ‘parapolítica’.
Comisarías de familia deben aplicar enfoque de género y obrar con debida diligencia y responsabilidad.
Según el escrito, la norma ordena gastos que carecen de análisis de impacto fiscal y de un concepto del Ministerio de Hacienda.
Según los ciudadanos, las normas vulneran el derecho fundamental a la igualdad, pues prevé trato injustificado para dos grupos de personas.
Una de las principales razones que aduce el demandante es la prohibición de usar estos recursos en asuntos diferentes del beneficio de sus destinatarios.
Samuel Augusto Escobar Beltrán, director del pregrado en Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario, expone algunas salidas a la crisis carcelaria que bien vale la pena considerar.
Procede el reconocimiento, pues de lo contrario los trabajadores se enfrentarían a la pérdida del tiempo efectivamente trabajado.
El fallo explica que las normas se expidieron con violación de los principios de publicidad, consecutividad e identidad flexible.
Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (30 de septiembre al 4 de octubre).
Expertos opinan sobre las inquietudes que surgen frente a la posibilidad de acceder al régimen de transición.
El proceso verbal debe atender condiciones de vulnerabilidad del campesinado y comprender distintos usos de la tierra.
La medida tiene efectos retroactivos desde el 18 de enero del 2022, fecha de promulgación de la Ley 2195 del 2022.
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, concedió una entrevista a ÁMBITO JURÍDICO, en la que habló sobre los principales temas de actualidad relacionados con esa entidad.
El principal desafío del recién elegido procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, será el de mantener la independencia y autonomía del Ministerio Público.
¿Quién puede decretar la pérdida de la investidura del presidente de la República por la violación de las normas de financiación de la campaña electoral?
Las disposiciones desconocían normativa sobre sobre facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República.
Declaran inexequible la expresión “en primer grado de consanguinidad” del artículo 24 de la Ley 2121 del 2021, sobre trabajo remoto.
Dificultades que afrontan los venezolanos exigen permitir excepcionalmente su ingreso a cárceles con su cédula de ciudadanía.
La determinación del contexto geográfico de una comunidad étnica está sujeto a la determinación de su territorio amplio.
Sin efecto reintegro de futbolista al no verificar que sus condiciones físicas fueran compatibles con la labor desempeñada u otra.
Todas las entidades públicas deben implementar un PTEP. Como el vencimiento del plazo para su adopción es inminente, es necesario conocer los antecedentes, contenido y retos.
Está en nuestras manos ayudar a simplificar las transacciones derivadas de las atomizadas normas urbanísticas y promover el desarrollo del derecho transaccional inmobiliario y urbanístico.
Intentemos avanzar al año 2028 y pensemos en una sociedad que votará un referendo que remplazaría a los jueces humanos y entregaría el juzgamiento de sus ciudadanos a la IA.
La Guajira ha padecido de tal abandono desde la edad pasada que gran parte de los diagnósticos de hace 80 años aún perduran.
Usualmente, quienes buscan erosionar los sistemas de control argumentan la ilegitimidad de las instituciones que de alguna manera se interponen a la voluntad de la mayoría.
La administración de justicia cumple con el mandato de la Corte Constitucional de difundir la Sentencia T-323/24.
El abogado Juan Felipe Parra Rosas, miembro del semillero de investigación Trabajo y Derecho de la Universidad de los Andes, comenta algunos pormenores de recientes normativas expedidas en materia laboral.
Con efectos inter comunis, se protegieron los derechos de todas las personas privadas de la libertad en dichos establecimientos.
Los colombianos hemos visto cómo diversas iniciativas del gobierno han sido frenadas por la Corte debido a errores que podrían haberse evitado con un análisis más riguroso.
Aunque se inadmitió casación, la decisión se refirió a las personas condenadas como mujeres por su identidad trans.
Esta reforma tiene el potencial de generar una altísima politización del sistema de justicia y socavar de manera profunda la independencia judicial.
Mediante el Decreto 1047 del 2024, el Gobierno Nacional ha impuesto la prohibición de exportar carbón a territorio de Israel, a pesar de que no formula glosa alguna a los empresarios que surten ese mercado.
La medida busca abordar y resolver las alteraciones en el servicio público de transporte, promoviendo así la eficiencia y calidad en la movilidad.
La semana pasada se incluyeron a las mascotas en el listado que prevé el CGP sobre bienes que no pueden embargarse.
Se ordenó a la UARIV emitir un nuevo acto incluyendo a la accionante en el RUV por el hecho victimizante de secuestro.
Este mecanismo busca regularizar la situación migratoria de los representantes de menores venezolanos en Colombia.
Destaca la necesidad de un nuevo modelo de producción que sea más colectivo y que renuncie a energías contaminantes.
El resguardo indígena accionado incurrió en un defecto orgánico, pues adelantó el juzgamiento de la desaparición de una mujer.
No corresponde a las autoridades públicas establecer ni mucho menos exigir permisos, licencias o requisitos adicionales.
En única instancia, los cuestionados fueron condenados como coautores del delito de cohecho por dar u ofrecer.
Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (23 al 27 de septiembre).
Aclaran aspectos relativos a la causal de doble militancia por apoyo a un candidato.
El decreto se enmarca en el contexto de la Ley 70 de 1993, que reconoce y protege los derechos de las comunidades negras en Colombia.
La decisión busca proteger derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad de los tenedores.
Los departamentos ostentan potestades de carácter complementario, es decir, auxilian a los municipios que lo requieran.
El ministro Bonilla destacó la importancia de aprobar el proyecto de ley de financiamiento, el cual busca recaudar $ 12 billones esenciales para el presupuesto del 2025.
La norma creó prohibiciones, con el fin de generar austeridad en el gasto de cerca de 2 billones de pesos anuales, según los autores.
La accionante debió solicitar la rectificación de la información al exalcalde, pues se trata de un prerrequisito del amparo.
Exhortan a la Alcaldía de Cali a formular política que atienda necesidades de vendedores informales afectados por restitución de bienes.
Entre otras razones, el demandante sostiene que el cambio subvirtió la regla general de acceso a la función pública.
La demanda se interpone en contra del artículo 80 de la Ley 1617 del 2013.
Las normas caseras les dejan improntas y hábitos de comportamiento que no siempre se pueden reconciliar con una ética y una legalidad públicas y compartidas
Cualquier afectación a la JEP podría generar inestabilidad institucional y un desconocimiento de la Constitución.
Derechos a la igualdad y al trabajo pueden ser eventualmente vulnerados si no se evalúa la posibilidad de reubicación.
A la accionante, migrante extranjera, le impusieron barreras administrativas injustificadas que agravaron su situación de vulnerabilidad.
Se desarrollan mesas técnicas con Minsalud y otras entidades para fortalecer las estrategias de bienestar en las universidades.
La promoción de la libre competencia y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de regular los mercados son esenciales para el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad en su conjunto.
El Derecho se ha tomado la vida o la vida se ha mimetizado en el Derecho.
Es indispensable que la discusión sobre este tema se dé en escenarios meramente técnicos que comprendan el análisis práctico de lo que se propone.
Aunque hay dos tipos penales con el nombre de receptación, el legislador no hizo ninguna distinción.
El CNE malinterpretó los efectos inter comunis dispuestos en la Sentencia SU-257 del 2021 de la Corte Constitucional.
Hasta el 15 de febrero de 2024 se habían dictado y ejecutado 46.739 sentencias de nulidad o ineficacia de traslado.
Esta es una obra que ha servido como un motor teórico al combinar inspiración y trazar nuevos caminos para la investigación jurídica durante estos 20 años.
Las entidades territoriales y promotoras de salud deben implementar políticas inclusivas y acciones afirmativas para garantizar el acceso a servicios dignos y respetuosos.
La diligencia, que se celebrará el 7 de octubre, busca aclarar aspectos sobre monopolio de la producción de licores a nivel territorial.
No desde el momento en que los herederos conocen de la existencia del hijo impugnado, como pretendía la censura.
En un primer momento, la jurisprudencia de casación introdujo en Colombia la clasificación francesa de las obligaciones de medios y de resultados.
La decisión obedece al cumplimiento de la Sentencia C-148/24, que declaró condicionalmente exequible el artículo 32 de la Ley 906/04.
La frase reprochada tiene alto contenido discriminatorio, pues intenta excluir a la ciudadanía crítica y opositora del gobierno de turno, dijo el Consejo de Estado.
Los pactos colectivos no pueden menoscabar el derecho de negociación colectiva ni de asociación sindical.
El mandatario hizo afirmaciones contra Vargas Lleras por irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de una EPS.
Tutelan derechos de hombre al que asignaron vivienda, pero estaba ocupada irregularmente por otra víctima de desplazamiento.
La designación debe adelantarse solo cuando se elija al representante del resguardo Asowilches y su suplente.
México se encuentra en un momento crucial para la historia. La reforma judicial pone en riesgo la independencia, la imparcialidad y la autonomía del poder judicial.
Ordenan a la EAAB reparar vivienda afectada por filtraciones de agua provenientes de sus redes.
Sentencia C-030 del 2023, sobre protección de derechos políticos con principios constitucionales, debe ser cumplida por todas las autoridades.
En la protección del patrimonio público pasamos de fiscalizar virreyes, a la Corte de Cuentas, al juicio fiscal y al proceso de responsabilidad fiscal.
El proceso incluye encuentros presenciales y virtuales para garantizar que las voces de las familias y organizaciones sean escuchadas en la formulación de la política.