El proyecto propone que el pago se realice en línea o presencialmente, entre julio y septiembre del 2025.

Sin duda alguna, la decisión del Consejo de Estado marca un precedente.

La norma demandada interesa a la esfera particular de la actora y no busca satisfacer intereses públicos y sociales.

Se establecerán controles sanitarios y exigencia de carné de vacunación para ingresar a zonas en riesgo.

Estos criterios deberían implementarse en las 14 selecciones para altas cortes que ocurrirán en lo que resta del 2025.

Amparan derechos a la igualdad y debido proceso frente a responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.