En lugar de exonerar los proyectos de energías renovables de la licencia ambiental, se debería adoptar un procedimiento diferente para el licenciamiento ante las autoridades regionales.

El derecho procesal se articula, se conecta o se junta con el derecho constitucional.

El objetivo de este mecanismo es contribuir a la descongestión del sistema judicial.

Es discriminatorio que, según la capacidad económica, se justifique que los usuarios solo accedan a una porción del internet.

En este marco, la interventoría emerge como un soporte técnico insustituible para la efectividad de dicha potestad.

Reducir las barreras de entrada a estos proyectos no debe interpretarse como una renuncia a la protección ambiental.