Juan Carlos Lancheros Gámez
Director de derechojusto
Contacto: info@derechojusto.co

La historia de Colombia es el relato de una lucha incesante marcada por las cicatrices profundas de la Patria Boba, la Guerra de los Mil Días, la violencia interpartidista del siglo XX y el corrosivo impacto de guerrillas, paramilitarismo y narcotráfico. Como legado de estos conflictos, hay quienes entienden que el Estado es un botín a conquistar y el poder un medio para imponer sus caprichos personales. En tiempos recientes, la corrupción sistémica y el clientelismo se han visto agravados por discursos de odio y polarización que, lamentablemente, han emanado incluso de la propia Casa de Nariño.

No obstante, en medio de esta adversidad, la Constitución permanece como un faro. No es solo un documento legal; es un pacto social y una carta de navegación que nos ofrece la oportunidad de reimaginar a Colombia, de transformar el poder de un privilegio para pocos a un servicio para todos.

El Preámbulo constitucional consagra el mandato de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a todos sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz. Estas palabras no son mera retórica; son el fundamento de un proyecto de país que repudia el uso de las instituciones para el beneficio propio y exige un propósito común.

El fundamento del Estado: servir a la comunidad

El artículo 2º de la Constitución define de manera inequívoca los fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos y deberes. Esta disposición es la piedra angular de nuestra democracia. El Estado no es propiedad de los gobernantes de turno, de élites económicas ni de ningún grupo de interés; su única razón de ser es el ciudadano. Cuando un líder utiliza su investidura como una herramienta de enriquecimiento o afirmación personal, no solo desdibuja la Constitución: traiciona su mandato fundamental.

Democracia participativa y respeto a la ley: el antídoto a la tiranía

Colombia se define en su artículo 1º como un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, democrática, participativa y pluralista. La participación que pretende anular al otro es el fundamento de la arbitrariedad. La violencia endémica en nuestra historia a menudo nace de una profunda incapacidad para escucharnos y reconocer el valor del otro. La democracia es un diálogo que apunta a la construcción de consensos, incluso en medio de las diferencias.

El diálogo participativo tiene un presupuesto y es el respeto del marco jurídico. Cuando se ignoran las instituciones y se desprecia la Constitución, el poder se despoja de su legitimidad y se abre la puerta a la arbitrariedad. La Constitución es la gramática que nos permite tramitar nuestras diferencias sin aniquilarnos.

El liderazgo presidencial

El liderazgo de la nación está a cargo del Presidente de la República, quien, a la luz del artículo 188, no solo simboliza la unidad nacional, sino que al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Más allá de la responsabilidad política y jurídica que le corresponda al presidente de turno por incumplir este mandato, es claro que la perspectiva constitucional apunta a una visión que sea capaz de permitir vivir en una sociedad que sea para todos.

En este punto, la Constitución recuerda que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y que se rige por principios de moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad. Este imperativo ético y jurídico se ejerce desde el ejemplo. La corrupción y el clientelismo son patologías que erosionan la confianza ciudadana y desangran los recursos públicos. Frente a ello, el artículo 209 establece que un gobernante que demuestra austeridad rinde cuentas de forma transparente, promueve un servicio civil basado en el mérito y no en favores políticos y pone a los ciudadanos en la cúspide de la pirámide y no en su base, envía un mensaje muy poderoso: que garantizar la vigencia de la Carta Política es posible si el Estado, sus recursos y el poder en general están al servicio de los ciudadanos, no al revés.

Hacia una visión de país que nos una

La historia nos ha enseñado la amarga lección cuando se corre la línea ética y la política se convierte en un campo de batalla entre facciones irreconciliables. El resultado es la exclusión y la violencia. La unidad a la que nos convoca la Constitución no es uniformidad; es la armonización de nuestras legítimas diferencias en torno a un proyecto superior. Es entender que la nación es un mosaico diverso cuya fortaleza reside en la cohesión de sus partes. Un buen liderazgo no profundiza las fracturas, sino que construye puentes sobre ellas, uniendo a la ciudadanía en torno a propósitos comunes.

El desafío actual de Colombia no es redactar una nueva Constitución, sino cumplir la que tenemos. Las coordenadas para un futuro más justo ya están trazadas. Lo que se requiere con urgencia, además de altura moral, es la voluntad política y el liderazgo ético para hacerlos realidad.

Requerimos con urgencia trascender décadas de conflicto y edificar un país donde devolvamos a todos quienes habitan este país, la esperanza de un futuro más promisorio y el respeto que merecen ellos y las instituciones que por décadas nos han protegido.

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