María Cristina Gómez Isaza
Copresidenta de ICON-S Colombia

Colombia ha construido una narrativa mítica acerca de la Constitución: creemos en su capacidad mágica para hacernos el bien y culpable de los males que padecemos.

Entre las culpas añejas, nuestras Constituciones del siglo XIX fueron responsabilizadas de las guerras civiles, al ser utilizadas como cartas de batalla en los procesos de construcción de la independencia y de creación de la República[1].  A la Constitución de 1886 durante el siglo XX se le culpabilizó por haber promovido la inconciencia democrática, los acuerdos elitistas y dos dictaduras justificadas en las regulaciones de los estados de excepción.

Entre las culpas actuales, la Constitución de 1991 ha sido responsabilizada por su incapacidad para lograr la paz; por la contradicción de sus normas que, al ser resuelta en sede judicial, ha traído como consecuencia el desgaste de la democracia, y, entre los pecados técnicos, los expertos la culpan de su modelo económico obsoleto que no ha solucionado la compleja tensión entre propiedad y distribución de riqueza y que ha creado expectativas de garantías de derechos sociales que no han sido cumplidas. Últimamente, la culpa se encuentra en su arquitectura y diseño del control al poder que no ha permitido los diálogos sociales[2] y ha creado “bloqueos institucionales”[3].

Bobbio planteó un símil entre la Constitución y el reglamento para jugar al futbol: ambos consagran reglas y procedimientos para el desarrollo del juego, sus límites y la manera correcta como se juzga el desempeño de los jugadores que participan en las contiendas;  dichas reglamentaciones no prescriben la manera en la que los protagonistas del juego compiten y no garantizan que lo hagan lealmente[4]; es por ello por lo que el resultado del juego democrático, como el del juego del fútbol, no dependen solo de las reglas, sino de las actitudes de los actores que se involucran en la partida, de su disposición y compromiso a jugar de manera limpia, correcta, hábil y virtuosa.

En Colombia, las Constituciones y sus reformas no han sido responsables exclusivas de nuestro actuar democrático. Es hora de reconocer que la culpa de lo que nos pasa ha recaído (y recae) en nosotros, ciudadanos y políticos que, a lo largo de estos dos siglos, hemos demostrado nuestra incapacidad y falta de compromiso con la Constitución. Siguiendo el símil de Bobbio, nos portamos como malos jugadores, sin habilidades para defender o atacar en los momentos oportunos del partido en el que nos jugamos la paz. 

Somos responsables de respetar las formas de la Constitución sin comprometer nuestra voluntad personal y política con la democracia, actitud peligrosa ante el ascenso de los populismos y totalitarismos que nos dominan con pasiones como el miedo, el apetito y el resentimiento[5].

Es momento de abrazar a la Constitución y asumir sus normas con sentimientos nobles que promuevan las virtudes públicas. Si queremos un gobierno republicano y democrático, debemos educar en la virtud como lo proponía hace dos siglos Montesquieu[6]; urge también educar en virtudes públicas como la solidaridad, la tolerancia, el respeto, además de  revisar nuestros vicios privados como la indiferencia a lo público, la intolerancia y la falta de civismo; no podemos permanecer de manera indolente ante los vicios de los políticos como la partitocracia, la falta de transparencia y la corrupción[7], debemos asumir el respeto por lo acordado en la Constitución con voluntad fraterna y solidaria.

Se trata de resistir a la tentación de culpar de inmadurez formal a la Constitución y de tomar conciencia de nuestra responsabilidad de ciudadanos con una posición dentro del campo de juego en el que está en riesgo la democracia: que no nos remuerda, una vez escuchado el pitazo final, la conciencia de haber perdido el juego sin haber hecho lo suficiente.

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