Sebastián Moyano De Belalcázar
Abogado y especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional

No deja de causar zozobra y preocupación el entorno jurídico de las decisiones del Gobierno y la cantidad y calidad de enfrentamientos que estas generan. Comencemos por las facultades constitucionales que tiene un Presidente de la República, consagradas en el artículo 189 superior y, concretamente, a la potestad de ser “legislador excepcional”, reservada para expedir decretos que reglamentan o dan marco en materias que son competencia del mandatario y en las cuales puede dar lineamientos. Lo que acabamos de describir es lo constitucional, lo normativo, lo establecido, pero, como dice el adagio, “la realidad supera la ficción”, pues tenemos a un mandatario que utiliza las potestades excepcionales de manera corriente, indiscriminada y abusando de su fuero, para someter y ajustar al Estado a sus intereses, cuando las cosas no les son convenientes.

Ahora bien, adicionemos presiones políticas, enfrentamientos judiciales, descalificaciones morales, señalamientos infundados de toda índole, generación de descontentos populares frente a escenarios oníricos, conciencia colectiva malversada y descontrol social, manipulaciones institucionales y muchos más factores y realidades paralelas que a los ciudadanos nos tienen desconcertados.

El ordenamiento jurídico actual está siendo cambiado por decreto y reglamentado por jurisprudencia amañada de magistrados, que tienen una forma particular de ser “aplicadores” del Derecho. Es un escenario económico totalmente desconocido al tradicional, por cuanto ya se inaplicó la regla fiscal, para expedir normas y tomar decisiones de Hacienda Pública. Respecto a las relaciones internacionales, estamos en un punto rojo, dados los enfrentamientos y las revisiones diplomáticas en las cuales nos encontramos, que han motivado menos apoyos, cambios de postura o, peor aún, retiro de relaciones diplomáticas de países o bloques, en contra del actual Gobierno.

La cotidiana incertidumbre jurídica, que no da seguridad a quien invierte en nuestro país, genera un descontento generalizado y motivación a huir del terruño. Los pilares de Estado que se plantearon con la Constitución de 1991 y que hasta 2022 fueron respetados por todos los gobiernos actualmente son cambiados y sustituidos por derrotados y fracasados postulados que ya se han aplicado en otras naciones. Nos preocupa a todos los ciudadanos el despertar de cada día y tener que actualizarnos en noticias, por cuanto ya dejaron de sorprendernos las incoherencias y tautologías jurídicas y legales.

Cuando alguien se sienta a pensar detenidamente el contexto en el cual nos encontramos, hay dos caminos: el primero lógico es obviar la realidad, no querer hacer nada y ser escépticos. El segundo es la preocupación, el interés por buscar soluciones, la lucha por lo correcto y volver a encontrar el equilibrio de las cosas. Estoy seguro de que todos escogimos el último. De no ser así, hay que reflexionar sobre los valores personales y cívicos que se tienen.

La salvación frente a esto podemos encontrarla en un Congreso de la República que no patrocine, ni coadyuve, ni aplauda, ni impulse, ni promueva las falencias del Gobierno, sino que haga uso de su potestad controladora mediante su poder legislativo, para que retomen el rumbo las decisiones que se han tomado. También podemos hallarla en un frente objetivo ético y profesional de magistrados de las altas cortes, que salven sus votos, que no compartan decisiones contrarias a la ley y que censuren lo que a bien tengan que censurar, para evitar la hecatombe del Estado.

Estas líneas son una reflexión y breve radiografía del contexto colombiano, ya que queda el último año del cuatrienio del actual gobierno y se aproximan elecciones de Congreso y Presidencia, si nada fuera de ley o extraordinario lo impiden. El tiempo es preciso, justo y adecuado, para retomar el camino, con todo y sus errores y aciertos, para elegir a quienes nos van a representar y cuyas decisiones repercutirán de manera directa en todos y cada uno. Hagamos uso de la ley, de los consensos sociales tradicionales, de las herramientas e instituciones jurídicas que siempre han funcionado. No perdamos la confianza en la unidad social y no desfallezcamos en los cambios verdaderos que necesita Colombia y que varias veces nos han llevado a los que buscaron nuestros baluartes de la patria, como nos enseñó Álvaro Gómez Hurtado: “Se debe hacer un acuerdo sobre los fundamental”. Lo fundamental es Colombia y sus pilares, los pilares somos nosotros para poder encontrar el camino.   

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