Tenga en cuenta que las previsiones contenidas en el Decreto 1669 del 2016 no resultan aplicables a la práctica propia de los programas de Derecho.

Así mismo, el pago del cálculo actuarial se justifica porque sería inequitativo e injusto que por la falta de esos aportes se genere un perjuicio al trabajador.

La Corte Constitucional dio a conocer la Sentencia C-081 del 2018, que estudia el literal e) del artículo 2° de la Ley 797 del 2003, que reformó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993.

Tenga en cuenta que el Código Sustantivo del Trabajo habilitó a los empleadores y trabajadores para pactar por escrito una remuneración integral.

Esta disposición se encuentra consagrada en el artículo 2° del Decreto 1858 del 2012.

Los empleadores y entidades públicas y privadas están obligados a realizar aportes equivalentes al 3 % de su nómina mensual de salarios a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Esta nueva jurisprudencia, según el Consejo de Estado, pretende garantizar la debida correspondencia que en un sistema de contribución bipartita se debe mantener.

Es necesario acreditar una limitación o discapacidad igual o superior al 15 %, en los términos de la Ley 361 de 1997.

La norma se refiere a trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Sala Plena de la Corte Constitucional dio a conocer su decisión en relación con las demandas que atacan la Ley 1821 del 2016.