La directiva promueve actividades que permitan la participación de mujeres trabajadoras en eventos conmemorativos.

Se promueve la resocialización de las personas condenadas en Estados diferentes al de su nacionalidad.

El pago de este beneficio estará disponible hasta el 6 de diciembre.

Permite entender la validez del acto jurídico y demostrar tanto su existencia como la aceptación expresa del trabajador.

Este es el noveno exhorto al Congreso de la República para que avance en la protección de una muerte digna.

Recientemente, a esa plataforma se le impuso una multa equivalente a 413 millones de euros.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (18 al 22 de noviembre).

El constitucionalismo es un límite ético persistente para que las democracias sigan un camino racional y razonable, distante del radicalismo.

Para el demandante, se limita la protección de los derechos e intereses colectivos.

Para el demandante, se limita la protección de los derechos e intereses colectivos.

La disposición acusada está contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1955/19).

Se han entregado y formalizado más de 1,3 millones de hectáreas como parte de la reforma rural, beneficiando a miles de familias.

La falta de gestión en el cobro de aportes impactó en la posibilidad del reconocimiento de la pensión de vejez de la accionante.

Se debe entender en el aspecto territorial, es decir, como la porción territorial en cuyo ámbito se ubican distintos municipios.

La decisión de negar el proyecto se fundó en la necesidad de respetar el reglamento universitario y el principio de laicidad.

En la solicitud de facultades extraordinarias no se hizo mención a un régimen de contratación excepcional.

Solo procede en caso en que la persona con discapacidad no tenga personas de confianza a quien designar para tal fin.

El nuevo integrante del alto tribunal obtuvo 57 votos; Claudia Dangond logró 47 votos y Jaime Humberto Tobar no tuvo votos.

Se debe evaluar si al aplicar las reglas jurisprudenciales unificadas se ponen en riesgo los derechos fundamentales del demandante.

Un criterio es que la agresión permita inferir una violencia superior a aquella que desplegaría un agresor no combatiente.

Protegen derechos de líder social y de consejo comunitario por finalización de medidas de protección colectivas.

La decisión cuestionada tuteló los derechos fundamentales de un funcionario de carrera judicial al que se le había negado traslado.

Se trata de un derecho de todos los pensionados que promueve el mantenimiento del poder adquisitivo.

La guía ofrece conceptos claros y accesibles sobre diversidad, identidad de género, orientación sexual y expresiones de género.

Esta obra, editada por Legis, será una guía práctica sobre el funcionamiento de esta jurisdicción. El lanzamiento es el próximo 25 de noviembre.

La terna la conforman Claudia Dangond, Miguel Efraín Polo y Jaime Humberto Tobar.

En la cena que se realizó este año para fortalecer la Beca Liminal Law Uniandes, se recaudaron fondos para otorgar dos becas a estudiantes con vocación de servicio público.

Se deberá publicar una ruta sobre cómo acceder a visa que permita trabajar legalmente mientras se resuelve refugio y/o PPT.

Autoridades judiciales tienen la obligación de valorar en su contexto las situaciones de violencia contra la mujer.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado está examinando la conveniencia de presentar recursos contra este laudo.

La política estaría diseñada para garantizar una atención integral y respetuosa de los derechos de las mujeres, con un enfoque de no discriminación, confidencialidad y no revictimización.

Falta de precisión sobre lapso de designación como gestor de paz envía un mensaje equivocado a las víctimas.

El acceso al programa será obligatorio en todas las instituciones de salud, tanto públicas como privadas.

En el primer Día de la Magistrada intervendrá la presidenta de la Comisión Nacional de Género.

La norma sobre conductas que se presumen crueles excepcionaba la presunción de maltrato por razones estéticas.

Exequible condicionalmente expresión del artículo 153 del CGP (Ley 1564 del 2012).

Se ordenó adoptar protocolo dirigido a mantener la reserva de la información de las historias clínicas de los trabajadores.

Ordenan a universidad privada suministrar a periodista la información solicitada sobre unos de sus exalumnos.

Se identificaron bloqueos y prácticas inconstitucionales que impiden una participación real y efectiva de estas comunidades.

Libertad económica para reglamentar procesos de selección encuentra límite en los derechos fundamentales de los aspirantes.

Según el Ministerio Público, se eludió el debate sobre la iniciativa al adoptarse, sin deliberación, el texto previamente aprobado por el Senado.

Se debe proteger el derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado interno prolongado.

Congreso deberá valorar conveniencia de medidas que protejan a la mujer embarazada que presta servicio militar voluntario.

Operó una causal que justificó el actuar del abogado disciplinado, pues lo hizo para salvar un derecho propio o ajeno.

Este proyecto buscaría garantizar una atención equitativa y efectiva, promoviendo la coordinación entre diferentes actores del sistema de salud.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (4 al 8 de noviembre).

En opinión del demandante, la disposición vulnera los principios de tipicidad y legalidad de la conducta.

La disposición modifica el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1819 del 2016, sobre la aplicación de la contribución de valorización

La disposición acusada está contenida en un parágrafo del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

Este proyecto buscaría ofrecer apoyo emocional y social a estas comunidades, en especial a aquellas que enfrentan desafíos derivados de la migración y el desplazamiento.

Secretaría de Educación de Cundinamarca deberá examinar las condiciones particulares en las que quedarían los servidores en retiro.

Rubiano es médico cirujano y especialista en salud pública, ha ocupado roles clave en la administración de servicios de salud en Bogotá y a nivel nacional.

Aunque el accionante demostró ser mayor de edad, se persistió en el bloqueo, cierre de cuenta y pérdida del contenido.

Se trata de personas económicamente activas que pueden contribuir al financiamiento y sostenibilidad del sistema.

En el año 2024, los docentes y directivos docentes percibirán por concepto de bonificación pedagógica un valor equivalente al 24 % de la asignación básica mensual.

Entre la pérdida de capacidad laboral y su declaratoria el afiliado pudo trasladarse entre administradoras y regímenes.

La iniciativa buscaría incluir a diversos grupos sociales, como mujeres, jóvenes, comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado, en la toma de decisiones sobre políticas públicas.

El tope de 12 mil UVT se refería a prestadores de servicios y actividades de consultoría y científicas, incluidas profesiones liberales.

La excongresista fue condenada a más de cinco años de prisión, interdicción y multa de más de $3.000 millones.

Criterio rector de los árbitros es la equidad y, en ese sentido, pueden evaluar con un amplio margen de libertad.

La UNP no tuvo en cuenta la vulnerabilidad asociada a los desplazamientos que su labor le exige al accionante.

Relación de sujeción con el Estado no permite limitar el derecho fundamental a la salud de los privados de la libertad.

La medida, que beneficiará a migrantes y personas con VIH, busca controlar el aumento de casos y reducir los costos del tratamiento.

La política exterior feminista tendría entre sus objetivos clave promover la igualdad de oportunidades y combatir la discriminación de género en las relaciones bilaterales.

El magistrado Alejandro Ramelli Arteaga estará al frente de esa institución para el periodo 2024-2026.

Restablecimiento del derecho a la imagen aplica por uso indebido, publicación sin consentimiento o intención de excluirla.

Diversos hallazgos respaldan la urgencia de implementar medidas para mejorar atención a la población privada de la libertad.

Reiteran exhorto al Congreso para regular muerte digna, advirtiendo que falta de ley no impide el ejercicio de esta garantía.

No existe justificación razonable para excluir del sustituto a quien tiene enfermedad muy grave pero no certificada como tal.

La nueva normativa aspira a garantizar la inclusión y promover la actividad física como un derecho, impulsando así el desarrollo de talentos deportivos en el país.

El cuestionado tomó decisiones contrarias a la ley, sin que se pueda afirmar que lo hizo por negligencia o descuido.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (28 de octubre al 1º de noviembre).

Amparan derecho al debido proceso administrativo de funcionario de carrera de la CNDJ a quien se le negó un traslado.

Ministerio de Relaciones Exteriores se negó a expedir pasaporte, sin indicar otra alternativa que permitiera brindar una solución.

No se puede estimar que una tutela sea de entrada irrelevante por referirse a un asunto económico: salvamento de voto.

No cumplía con los requisitos previstos en el CPACA sobre procedencia y contenido y alcance de medidas cautelares.

El servicio social PDET no solo se convertiría en un espacio de formación para los jóvenes, sino que también les permitiría contribuir al cierre de brechas sociales en las regiones.

La reforma, respaldada por el ministro del Interior, establece un crecimiento gradual del SGP hasta del 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación en 12 años.

Se ordenó el pago a la AFP a favor de la ARP hasta el momento en que aquella asuma directamente la pensión por riesgo común.

Lo contrario, además de inaceptable, representa una barrera a la administración de justicia de la población privada de la libertad.

Aunque el medio óptimo para satisfacerla es el dictamen del médico tratante, no se restringe a la existencia de una orden.

El enfoque de género que se debe observar implica el reconocimiento de garantías y deberes procesales y sustanciales.

Se trata del resarcimiento encaminado a mitigar los efectos adversos que produce al acreedor la mora en el cumplimiento de las obligaciones.

Se ordenó a la UGPP reactivar el pago de la sustitución pensional y disponer el pago retroactivo causado debidamente indexado.

Es vital que estos pacientes cuenten con una revisión y control a fin de monitorear su evolución y diagnosticar eventuales afectaciones.

Las autoridades judiciales accionadas aplicaron erróneamente caducidad de reparación directa en presuntas ejecuciones extrajudiciales.

El proyecto se enmarca dentro de la Ley 2297 del 2023, que busca fortalecer la protección y los derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores en el país.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (21 al 25 de octubre).

Se probó la necesidad en el suministro de oxígeno medicinal y las dificultades económicas de los pacientes y su red de apoyo familiar.

Violencia y acoso en el entorno laboral es justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo.

La principal preocupación es evitar un escenario en el que la Nación se vea obligada a distribuir más recursos sin un marco claro que defina las responsabilidades de los gobiernos locales.

El proyecto se enmarca dentro de un contexto de reconocimiento de derechos para las personas trans y no binarias en el país.

Mediante auto del 2024, se estableció la existencia del mencionado vicio y se consideró que era subsanable.

La Ley 418 de 1997 no restringe su ámbito de aplicación temporal en relación con la fecha de ocurrencia del hecho victimizante.

Si se trata de una decisión preparatoria o instrumental que vulnere derechos fundamentales, procede excepcionalmente el amparo.

Se deben adoptar todas las medidas necesarias para adaptar el proceso educativo a las necesidades de los estudiantes.

Corte Constitucional y Alcaldía de Bogotá firman acuerdo para la difusión de jurisprudencia en instituciones educativas.

No se expusieron razones de peso y relevantes que impusieran la modificación del precedente jurisprudencial.

El programa de Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) se destaca por su innovación pedagógica y la apuesta por sus responsabilidades sustantivas.

Deben tramitar de manera oportuna los reclamos que los usuarios realicen para actualizar o corregir información.

Se presenta una hoja de ruta para 2025, que busca mejorar la atención a víctimas de trata y fortalecer la cooperación en zonas fronterizas.

El demandante sostiene que la Constitución es clara al establecer un régimen especial solo para el Distrito Capital.

Según el demandante, la norma lesiona el debido proceso y el derecho a la segunda instancia.

Entre otras razones, el demandante sostiene que el Ejecutivo desbordó las facultades extraordinarias que le fueron concedidas.

La Corte Constitucional recordó su precedente en cuanto a la aplicación del régimen anterior a la Ley 100/93 que resulte más favorable.

No se logró demostrar la infracción al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.

Esta acción es un mecanismo eficaz si se tiene en cuenta que la solicitud de tutela fue presentada a puertas del vencimiento de la lista de elegibles.

Las autoridades judiciales cuestionadas erraron en la aplicación de reglas de conteo de pretensiones promovidas en grupo.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (14 al 18 de octubre).

Exequible condicionalmente expresión contenida en el segundo inciso del artículo 153 del Código General del Proceso.

Dichos argumentos no se corresponden con el deber de apreciar la prueba a partir de una adecuada perspectiva de género.

No existe conexidad entre la norma cuestionada y el eje de transformación productiva, internacionalización y acción climática del PND.

IPS deberá acompañar a paciente sobre la cual se filtró información relacionada con IVE.

La accionada omitió abordar su actuación con un enfoque de género, sensible a las diferentes violencias que padecen las mujeres.

La prórroga del cese al fuego se fundamenta en la necesidad de fortalecer el proceso de paz y proteger a la población civil.

La estrategia abarca seis áreas específicas que pretenden generar un impacto directo en temas clave como la reforma rural y la seguridad territorial.

La demandante sostuvo que el apartado demandado contradice la prohibición de retroactividad y retrospectividad de la ley tributaria.

Según el demandante, la reserva de información es una restricción irrazonable y desproporcionada que desconoce el derecho de petición.

Amparan derechos fundamentales a la autonomía, autogobierno e identidad étnica y cultural del pueblo Arhuaco.

Sin efectos decisión del Consejo de Estado que anuló la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general impuesta en 2014 a alcalde.

Los efectos de la decisión fueron diferidos durante un término igual al que falta para terminar la actual legislatura.

Dicha posibilidad no puede verse limitada bajo el argumento de que no tienen calidad de contribuyentes ni de obligados tributarios.

El tribunal cuestionado omitió estudiar la vulnerabilidad sobreviniente alegada por la accionante tras proferir el fallo demandado.

Además, la encuesta también mostró que la mayoría de los migrantes ingresó a Colombia por las zonas fronterizas, especialmente Norte de Santander, La Guajira y Arauca.

Responsables del cuidado y custodia del archivo laboral no son los trabajadores, sino empleadores y administradoras de pensiones.

Busca evitar el desabastecimiento de medicamentos necesarios, especialmente para grupos vulnerables.

Este avance es parte del compromiso del Gobierno para garantizar el apoyo financiero necesario para cumplir con las obligaciones de justicia y reparación.

El trabajador no puede asumir las consecuencias negativas de su falta de afiliación, sobre todo cuando ocurre por falta de cobertura.

Por regla general la modalidad (presencial o virtual) del proceso judicial la determina el juez en ejercicio de su autonomía y la única excepción es la audiencia del juicio oral de la jurisdicción penal, que deberá ser presencial.

En el evento se expondrán los proyectos que han buscado impulsar el acercamiento a la ciudadanía a través del lenguaje sencillo.

El ICBF vulneró el derecho al trabajo de la accionante y a la unidad familiar de su hijo menor de edad en condición de discapacidad.

El mandatario de los colombianos dijo que “se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia”.

Además, se está promoviendo la creación de estímulos para incentivar el uso de modelos alternativos que eviten las pruebas en animales.

La normativa establece que cualquier uso de la fuerza debe ser documentado y justificado.

Existen casos en los que los medicamentos no tienen registro sanitario, pero están aceptados en la comunidad científica.

El jefe de Estado anunció que impondrá la Cruz de Boyacá a los magistrados de la Corte Suprema que investigaron casos relacionados con la ‘parapolítica’.

Comisarías de familia deben aplicar enfoque de género y obrar con debida diligencia y responsabilidad.

Según el escrito, la norma ordena gastos que carecen de análisis de impacto fiscal y de un concepto del Ministerio de Hacienda.

Según los ciudadanos, las normas vulneran el derecho fundamental a la igualdad, pues prevé trato injustificado para dos grupos de personas.

Una de las principales razones que aduce el demandante es la prohibición de usar estos recursos en asuntos diferentes del beneficio de sus destinatarios.

Procede el reconocimiento, pues de lo contrario los trabajadores se enfrentarían a la pérdida del tiempo efectivamente trabajado.

El fallo explica que las normas se expidieron con violación de los principios de publicidad, consecutividad e identidad flexible.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (30 de septiembre al 4 de octubre).

Expertos opinan sobre las inquietudes que surgen frente a la posibilidad de acceder al régimen de transición.

El proceso verbal debe atender condiciones de vulnerabilidad del campesinado y comprender distintos usos de la tierra.

La medida tiene efectos retroactivos desde el 18 de enero del 2022, fecha de promulgación de la Ley 2195 del 2022.

Las disposiciones desconocían normativa sobre sobre facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República.

Declaran inexequible la expresión “en primer grado de consanguinidad” del artículo 24 de la Ley 2121 del 2021, sobre trabajo remoto.

Dificultades que afrontan los venezolanos exigen permitir excepcionalmente su ingreso a cárceles con su cédula de ciudadanía.

Sin efecto reintegro de futbolista al no verificar que sus condiciones físicas fueran compatibles con la labor desempeñada u otra.

Usualmente, quienes buscan erosionar los sistemas de control argumentan la ilegitimidad de las instituciones que de alguna manera se interponen a la voluntad de la mayoría.

La administración de justicia cumple con el mandato de la Corte Constitucional de difundir la Sentencia T-323/24.

Con efectos inter comunis, se protegieron los derechos de todas las personas privadas de la libertad en dichos establecimientos.

Aunque se inadmitió casación, la decisión se refirió a las personas condenadas como mujeres por su identidad trans.

La medida busca abordar y resolver las alteraciones en el servicio público de transporte, promoviendo así la eficiencia y calidad en la movilidad.

La semana pasada se incluyeron a las mascotas en el listado que prevé el CGP sobre bienes que no pueden embargarse.

Se ordenó a la UARIV emitir un nuevo acto incluyendo a la accionante en el RUV por el hecho victimizante de secuestro.

Este mecanismo busca regularizar la situación migratoria de los representantes de menores venezolanos en Colombia.

Destaca la necesidad de un nuevo modelo de producción que sea más colectivo y que renuncie a energías contaminantes.

El resguardo indígena accionado incurrió en un defecto orgánico, pues adelantó el juzgamiento de la desaparición de una mujer.

No corresponde a las autoridades públicas establecer ni mucho menos exigir permisos, licencias o requisitos adicionales.

En única instancia, los cuestionados fueron condenados como coautores del delito de cohecho por dar u ofrecer.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (23 al 27 de septiembre).

Aclaran aspectos relativos a la causal de doble militancia por apoyo a un candidato.

El decreto se enmarca en el contexto de la Ley 70 de 1993, que reconoce y protege los derechos de las comunidades negras en Colombia.

La decisión busca proteger derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad de los tenedores.

Los departamentos ostentan potestades de carácter complementario, es decir, auxilian a los municipios que lo requieran.

El ministro Bonilla destacó la importancia de aprobar el proyecto de ley de financiamiento, el cual busca recaudar $ 12 billones esenciales para el presupuesto del 2025.

La norma creó prohibiciones, con el fin de generar austeridad en el gasto de cerca de 2 billones de pesos anuales, según los autores.

La accionante debió solicitar la rectificación de la información al exalcalde, pues se trata de un prerrequisito del amparo.

Exhortan a la Alcaldía de Cali a formular política que atienda necesidades de vendedores informales afectados por restitución de bienes.

Entre otras razones, el demandante sostiene que el cambio subvirtió la regla general de acceso a la función pública.

La demanda se interpone en contra del artículo 80 de la Ley 1617 del 2013.

Cualquier afectación a la JEP podría generar inestabilidad institucional y un desconocimiento de la Constitución.

Derechos a la igualdad y al trabajo pueden ser eventualmente vulnerados si no se evalúa la posibilidad de reubicación.

A la accionante, migrante extranjera, le impusieron barreras administrativas injustificadas que agravaron su situación de vulnerabilidad.

Se desarrollan mesas técnicas con Minsalud y otras entidades para fortalecer las estrategias de bienestar en las universidades.

Aunque hay dos tipos penales con el nombre de receptación, el legislador no hizo ninguna distinción.

El CNE malinterpretó los efectos inter comunis dispuestos en la Sentencia SU-257 del 2021 de la Corte Constitucional.

Las entidades territoriales y promotoras de salud deben implementar políticas inclusivas y acciones afirmativas para garantizar el acceso a servicios dignos y respetuosos.

La diligencia, que se celebrará el 7 de octubre, busca aclarar aspectos sobre monopolio de la producción de licores a nivel territorial.

No desde el momento en que los herederos conocen de la existencia del hijo impugnado, como pretendía la censura.

La decisión obedece al cumplimiento de la Sentencia C-148/24, que declaró condicionalmente exequible el artículo 32 de la Ley 906/04.

La frase reprochada tiene alto contenido discriminatorio, pues intenta excluir a la ciudadanía crítica y opositora del gobierno de turno, dijo el Consejo de Estado.

Los pactos colectivos no pueden menoscabar el derecho de negociación colectiva ni de asociación sindical.

El mandatario hizo afirmaciones contra Vargas Lleras por irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de una EPS.

Tutelan derechos de hombre al que asignaron vivienda, pero estaba ocupada irregularmente por otra víctima de desplazamiento.

La designación debe adelantarse solo cuando se elija al representante del resguardo Asowilches y su suplente.

México se encuentra en un momento crucial para la historia. La reforma judicial pone en riesgo la independencia, la imparcialidad y la autonomía del poder judicial.

Ordenan a la EAAB reparar vivienda afectada por filtraciones de agua provenientes de sus redes.

Sentencia C-030 del 2023, sobre protección de derechos políticos con principios constitucionales, debe ser cumplida por todas las autoridades.

El proceso incluye encuentros presenciales y virtuales para garantizar que las voces de las familias y organizaciones sean escuchadas en la formulación de la política.

Perdieron fuerza ejecutoria y no están produciendo efectos, de acuerdo con modificaciones efectuadas por la Resolución 2492 del 2022.

El juez de instancia no podía remitirse al Acuerdo 049 de 1990 para conceder incrementos por fuera de lo debido legalmente.

Trámite de naturaleza administrativa no puede convertirse en barrera para acceso oportuno y de calidad al sistema de salud.

Circunstancias excepcionales como el desplazamiento forzado pueden enfrentarse con las TIC para la continuidad en el servicio.

La demanda fue presentada por el ex superintendente de Industria y Comercio Gustavo Valbuena Quiñones.

La legislación prevé que el registro de la propiedad inmueble será un servicio público esencial prestado por el Estado.

De acuerdo con el escrito, la norma viola el principio de equidad tributaria.

La función social de los bienes se entiende como el deber de diligencia y adopción de medidas para protegerlos.