Los bienes baldíos son bienes públicos destinados al acceso progresivo a la tierra de la población rural vulnerable, por lo que su adjudicación es un instrumento de justicia distributiva supeditado a que el beneficiario ostente materialmente la calidad de sujeto de reforma agraria (campesino), es decir, que dependa directamente del campo para vivir.

Así las cosas, precisó el Consejo de Estado, si el ocupante es un profesional liberal, como es el caso de un abogado, cuyos ingresos provienen de manera predominante de honorarios o contratos de servicios, se rompe el nexo causal entre la tierra y la subsistencia.

En el caso bajo análisis, aunque la solicitud de revocatoria de adjudicación se originó en un tercero, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) no podía actuar como simple receptor de una petición, sino como autoridad encargada de verificar la validez de los títulos, cuya presunción de legalidad debe ceder obligatoriamente cuando se acredita que la adjudicación puede ser irregular.

Así las cosas, no es posible equiparar la solicitud de revocatoria de adjudicación de un baldío con una de interés exclusivamente particular sujeta a reglas de desistimiento tácito, pues el bien jurídico tutelado es territorio nacional y la función social de la propiedad, intereses superiores que no están supeditados a conveniencia o diligencia procesal (C. P. José Roberto Sáchica Méndez).

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