Jacobo Mejía Quiroga
Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes

Durante el 2024, cada nueve días los bogotanos experimentaron cortes de agua. Estos cortes, normalizados e incorporados en la vida de las familias, fueron presentados como una medida excepcional frente a una situación climática adversa: la disminución en los niveles de los embalses, asociada al fenómeno de El Niño y a variaciones en las precipitaciones. Aunque la medida ya no esté vigente, no quiere esto decir que debamos olvidar lo que pasó. Por el contrario, debemos preguntemos ¿cuenta la ciudad con capacidad suficiente para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir?

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-740 de 2011, determinó que el acceso al agua es un servicio público esencial y un componente indispensable del derecho a una vida digna. Ahora bien, la garantía de este recurso depende de decisiones de planeación urbana, gestión ambiental e inversión en infraestructura. Bogotá ha experimentado un crecimiento demográfico y territorial significativo en la última década; con un pico poblacional de 7,95 millones de habitantes para este año, según el Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales. A ello se suma la alta densidad en localidades como Bosa, con 302 personas por hectárea, y Kennedy, con 283, según la Secretaría Distrital de Planeación. Este crecimiento, sin lugar a duda, ha incrementado la demanda de servicios públicos y ha generado mayores presiones sobre el sistema hídrico.

El racionamiento de 2024 mostró que el crecimiento urbano no estuvo acompañado por una planificación hídrica de largo plazo. La resiliencia de la ciudad y de los ecosistemas que la abastecen fue puesta al límite, principalmente en páramos como Chingaza. Además, cuando la respuesta principal frente a la disminución de los embalses consiste en restringir el consumo de agua, esto evidencia fallas en la prevención y gestión del agua. Aunque la medida fue necesaria en el corto plazo, expuso una fragilidad que nos obliga a revisar nuestra capacidad para prevenir futuras crisis.

En este contexto, las decisiones de planeación y gestión del recurso tienen efectos diferentes dentro del mismo territorio urbano. La experiencia del racionamiento no fue homogénea. En sectores de mayores ingresos, generalmente ubicados al norte, la existencia de tanques de reserva y sistemas privados de almacenamiento permitió mitigar los impactos de los cortes programados. En contraste, en los barrios vulnerables del sur, la restricción implicó afectaciones más severas. Esta diferencia en el acceso al agua según la categoría socioeconómica es un problema mundial, no solo local.

La crisis también evidenció desigualdades en los patrones de consumo. De acuerdo con la organización Censat, aunque los estratos 2 y 3 concentran gran parte del volumen total debido a su tamaño poblacional, el consumo per cápita es considerablemente mayor en los estratos altos. Mientras una persona de estrato 1 consume alrededor de 68 litros diarios, en los estratos 4, 5 y 6 esa cifra asciende a 115, 139 y 171 respectivamente. La vulnerabilidad ante la escasez no depende exclusivamente del volumen de agua disponible, sino de las condiciones socioeconómicas que determinan quién puede contrarrestar sus efectos y quién no.

Aunque el racionamiento fue una medida temporal, lo que ahora debe importarnos es qué transformaciones se están implementando para reducir la probabilidad de recurrir nuevamente a esta medida. Para llegar a ser sostenibles hídricamente, se deben implementar varias políticas públicas, como la inversión en infraestructura, el fortalecimiento de sistemas de monitoreo, los incentivos al uso eficiente y responsable del recurso, y la protección de páramos. A esto se puede sumar el respeto a los límites de las áreas protegidas.

El fin del racionamiento no debe interpretarse como la desaparición del problema, sino como un periodo en el cual podemos prepararnos para lo que pueda suceder en el futuro. El verdadero reto para Bogotá será demostrar que cuenta con la capacidad necesaria para aprender de sus errores y usarlos para adaptarse a cambios venideros.

Nota del editor: esta columna fue escrita por una estudiante del curso “Proyectos 1” de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Este curso, dirigido a estudiantes de primer semestre, busca desarrollar competencias en investigación jurídica, razonamiento jurídico, argumentación y comunicación e interdisciplinariedad. En este espacio, Ámbito Jurídico quiere visibilizar el trabajo académico de los estudiantes interesados en debatir sobre temas de interés jurídico, contables y coyunturales del país.

Si eres estudiante de Derecho o Ciencias Contables y Económicas de cualquier universidad del país, puedes enviar tu contribución a pedro.molina@legis.com.co.

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