El Consejo de Estado anuló la licencia ambiental otorgada por la ANLA a Ecopetrol para un proyecto de exploración de petróleo en Norte de Santander, por considerar que la iniciativa afectaba directamente al territorio y a los habitantes del pueblo indígena U’Wa, lo que hacía obligatorio realizar un proceso de consulta previa antes de iniciar cualquier obra.

El alto tribunal explicó que los estudios ambientales ignoraron la relación espiritual, cultural y social que la comunidad tiene con la tierra y el recurso hídrico, al basarse únicamente en una división territorial técnica e invisibilizar el impacto real del proyecto en la vida indígena, vulnerando así las normas internacionales de derechos humanos y, particularmente, el Convenio 169 de la OIT.

La decisión tuvo en cuenta determinaciones previas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este mismo pueblo indígena, ratificando que otorgar permisos de exploración y explotación sin dialogar con los nativos vulnera sus derechos fundamentales a la propiedad, participación ciudadana y protección especial que el Estado debe garantizar.

Por último, la Sala rechazó la solicitud de Ecopetrol de mantener vigentes medidas de compensación económica o los recursos ya invertidos. Aclaró que dichas ayudas carecen de validez legal porque fueron diseñadas sin un diálogo intercultural con la comunidad. Todo beneficio o plan ambiental debe ser concertado con los indígenas respetando su visión del mundo.

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