Ojalá las altas cortes adviertan las nefastas consecuencias que se derivarán de este adefesio legislativo que amenaza la estabilidad de nuestra maltrecha democracia.

Mientras el alto tribunal manifestó que una prohibición amplia y genérica no es razonable, el Distrito Capital restringiría el consumo en un radio de 200 metros alrededor de instituciones educativas.

Un fallo del 2018 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia fijó nuevas interpretaciones sobre esta materia.

Una norma del Ministerio de Educación Nacional reglamenta claramente las modalidades de estudio: presencial, a distancia, dual y virtual.

La forma como el alto tribunal ha abordado la relación entre el derecho interno y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sigue generando fuertes discusiones.

El Consejo de Estado fijó una serie de reglas de unificación sobre el alcance interpretativo del artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y su armonización con las disposiciones del Código General del Proceso.

Alguno de los profesionales del Derecho argumentó, sin sonrojo alguno, que los desembolsos indebidos se habían realizado con el propósito de lograr la transparencia del contrato, es decir, se pagó una dádiva “corrupta” para evitar la “corrupción”.

Los procesos de interdicción o inhabilitación que se hayan iniciado con anterioridad deberán ser suspendidos de forma inmediata.

En materia de responsabilidad civil contractual, una cuestión que debe abordarse con cuidado es establecer con claridad el contenido de la obligación.

Si se declara la exequibilidad condicionada el Presidente de la República deberá gestionar la adopción de una declaración interpretativa conjunta.