La Sección Segunda del Consejo de Estado desarrolló este tema de acuerdo con lo señalado en el artículo 22 del Decreto 1072 de 1999.

Después de revisar el trámite legislativo, la corporación encontró que los artículos 5º y 6º del proyecto tenían un vicio de forma en el procedimiento.

Se trata de un proyecto de norma que definiría las condiciones que debe reunir una sociedad para que se constituya como BIC, así como los compromisos que adquiere por tal condición en función de su objeto social.

Para la Corte, lo relevante es que no se trata de sanciones a los comportamientos, sino de consecuencias jurídicas que sirven como mecanismos para lograr el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias a favor del Estado.

La Corte Suprema considera necesario hacer un balance entre diferentes elementos, tales como: criterios que gobiernan la sanción impuesta y los riesgos que su materialización puede aparejar.

La Contraloría precisó que la posibilidad de celebrar acuerdos de pago se extiende incluso hasta el proceso de jurisdicción coactiva, tal como lo señala el artículo 96 de la Ley 42 de 1993.

Reciente fallo indica que se deben considerar los comportamientos concurrentes para identificar el ‘quantum’ en cada uno de ellos y que integran el valor del otro tanto.

En esta sentencia de la Corte Constitucional se declaró inexequible un artículo de la Ley 136 de 1994, por ser una imposición que desconoce el principio de autonomía territorial.

Un auto explica por qué se reconocen estos efectos a los dos tipos de prueba en sede de casación, y cuáles son las causales que podrían dar lugar a su declaratoria.

Hoy se le realizará un homenaje en la Capilla de los Santos Apóstoles del Gimnasio Moderno de Bogotá, a la 1:00 p.