Según comunicado reciente de la Corte Constitucional, este tipo de responsabilidad se define a partir del título de imputación único y excluyente.

Así lo explicó la Superintendencia de Servicios Públicos en un reciente concepto, según lo previsto en el artículo 89 de la Ley 142 de 1994.

Minhacienda recuerda que el pago opera para los funcionarios que residen en zonas rurales ubicadas en la misma jurisdicción del municipio y que deban desplazarse hasta la cabecera municipal.

Con la sanción de la Ley 1911 del 2018 se crea dicha figura y se determinan otros mecanismos y estrategias para financiar la educación superior.

La Corte Constitucional realizó precisiones sobre la especial protección de esta población, particularmente en los espacios comunales de los conjuntos residenciales.

Partiendo de la jurisprudencia de la Sección Primera, el Consejo de Estado revisó lo referente a los actos de registro y las acciones contencioso administrativas procedentes.

La Sala Plena de la Sección Tercera aclara en qué eventos hay lugar a declararla y qué deber surge en cabeza del juez de daños.

El Consejo de Estado recordó que ellos tenían la posibilidad de acceder voluntariamente a la carrera del nivel ejecutivo o mantenerse en el régimen anterior.

Los prestadores deben abstenerse de implementar cambios, hasta tanto el acto administrativo no cobre firmeza.

El auto explicó que como regla general el funcionario que dirige la vista pública debe ser el mismo que anuncia el sentido del fallo y profiere sentencia. Sin embargo, efectuó varias aclaraciones frente al principio de inmediación.