El Gobierno publicó el texto de la ley estatutaria, que entrará a regir el próximo 20 de julio, la cual indica los nuevos derechos de la oposición, así como los deberes del Estado en relación con las organizaciones y partidos políticos.

La ley fortalece las normas y los mecanismos para enfrentar la delincuencia organizada y establece un procedimiento especial para que los grupos armados se sometan a la justicia.

La suspensión se da para dar paso a la doble instancia para aforados constitucionales dentro de la máxima instancia de la justicia ordinaria.

El principio de participación política como eje fundacional de la Constitución no resulta sustituido ni remplazado por el contenido normativo del acto legislativo atacado, precisó la Sala Plena.

Si bien es deber de los concejales participar en la elección, ello no obsta para que deban declararse impedidos cuando en su contra se adelanta un juicio fiscal que conocerá el elegido.

Según la demanda, se contraría lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 95 y los artículos 338 y 363 de la Constitución.

Tras el control de constitucionalidad al Decreto 706 del 2017, la alta corporación explicó las razones que le llevan a concluir que se ajusta a la Carta Política.

El ministerio advierte que la regla general es que dicha información está sometida a reserva; sin embargo, también señala que este principio no es absoluto.

También indicó que es importante dar respuesta a los defensores que se encuentran en zonas rurales, ya que los asesinatos se cometen mayormente en estos lugares.

El error de tipo se concreta cuando el sujeto activo desconoce que su comportamiento se adecúa a un delito y excluye el dolo porque afecta su aspecto cognitivo, incidiendo así en la responsabilidad.