Son 11 los informes presentados por parte de la Fiscalía que ya se encuentran a consideración de la JEP, con el fin de que avance en los asuntos de su competencia.

Se trata de la conducta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 del 2007, la cual se configura por injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, juristas y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales.

Quienes tengan créditos de vivienda deberán recibir el comportamiento histórico del crédito, con abonos a capital y saldo de la deuda.

Cualquier caución constituida podrá reemplazarse por dinero o por otra que ofrezca igual o mayor efectividad, precisa en un reciente concepto la Superintendencia Financiera.

Tenga en cuenta que el ordenamiento jurídico colombiano regula tres regímenes o sistemas diferentes de liquidación de este auxilio para servidores públicos.

Se debe tener en cuenta que dicha concesión es un acuerdo de adhesión, por cuanto no admite prenegociación de sus términos, condiciones y modalidades.

El modelo de la Ley 906 se orienta a que la decisión sobre la procedencia de la imputación o la acusación sea producto de la adecuada delimitación de las hipótesis fácticas, entre otras cosas.

Al particular como colaborador de la Administración le es impuesta la carga de comunicar a la entidad las deficiencias de planificación que evidencie para que sean subsanadas, indicó uno de los apartes del fallo del Consejo de Estado.

El Acuerdo 11127 transforma transitoriamente 29 juzgados civiles municipales en juzgados de pequeñas causas.

Según la Sección Segunda del Consejo de Estado, esas calidades son exigibles a cualquier persona que preste un servicio público.