Cuando se instaura una acción de tutela para reclamar la protección de derechos colectivos conexos con un derecho fundamental se debe demostrar que la acción popular no es idónea para ampararlos.

La Procuraduría General de la Nación se mantiene en su postura sobre la inconstitucionalidad del parágrafo 1º del artículo 8° de la Ley 1843 del 2017, por violación al debido proceso.

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En el caso concreto, un juez laboral no valoró detenidamente la patología de una litigante, que había sido incapacitada por 15 días, con el objetivo de aplazar una diligencia.

Es la asamblea general de copropietarios la que decide sobre las sanciones por incumplimiento de obligaciones pecuniarias.

Aunque no existe una manera de vincular a las empresas, debido a ciertas conductas cometidas a través de ellas, como responsables penales, se han establecido dos clases de consecuencias para penalizar los delitos que se cometen en el marco corporativo.

La Corte Constitucional estudió una norma del Código Disciplinario Único y realizó integración normativa con su equivalente en el nuevo Código General Disciplinario, para emitir un pronunciamiento de fondo.

Un fallo reciente de la Corte Constitucional generó diversas reacciones de los medios de comunicación y de la opinión pública sobre esta materia.