En Colombia, nadie está exento de una investigación, una denuncia y, peor que ello, de una medida de aseguramiento. Acá el carcelazo no se le niega a nadie.

Las dificultades para reformar la justica indican problemas de método, la imposibilidad del Congreso para hacerlo y una falta de claridad de diagnóstico.

En la práctica, la tutela se ha convertido en un nuevo recurso ordinario contra sentencias que, además de poder equivocarse, ha generado una tremenda inseguridad jurídica.

La mediación sería la mejor forma, al menos en materia ambiental, de profundizar el fortalecimiento de una cultura de la paz, dentro de un marco de desarrollo sostenible.

Es urgente desarrollar una política pública de administración de justicia que solucione los problemas más complejos que afectan el acceso real a este derecho.

La justicia no puede seguir con un esquema disciplinario en interinidad indefinida; tampoco puede seguirse sin un plan de implementación de la reforma de Equilibrio de Poderes.

Los argumentos esgrimidos para sustentar la propuesta de unificar las cortes son debatibles. Además, en esta discusión hay que señalar que una reforma constitucional de esta envergadura acarrearía muchos riesgos.

En un país donde los casos de homonimia, seudónimos y hasta múltiples identidades son frecuentes, las TIC podrían reducir el riesgo de errores judiciales.

De acuerdo con Ramiro Bejarano, el artículo 382 del CGP no impone al demandante el deber de aportar con su demanda copia del acto acusado, por lo cual es evidente que el actor legalmente está relevado de cumplir esa exigencia.

La oralidad procesal tiene ventajas técnicas que no son desdeñables, aunque a veces parecen exageradas por la versión cinematográfica de la administración de justicia.