Tras 11 años de ejercicio de trabajo, la Fundación ProBono Colombia cuenta con casi 50 firmas de abogados y grupos legales empresariales vinculados y signatarios de la Declaración Pro Bono para las Américas.
Para los economistas, debe primar la libre competencia, la cual se debe regir por las leyes del mercado: es decir por el pulso entre la oferta y la demanda.
Puede que el concurso de méritos no garantice que aprueben indefectiblemente los mejores candidatos, pero en cambio sí garantiza algo: que no ingresen los peores.
La palabra clave es ‘brillo’ en la tarea del funcionario, para llegar a la cúpula sin que esta sea la única meta digna, apreciable y honorífica.
Si bien cualquier norma es susceptible de tener apartes cuestionables en cuanto a su validez, el expedir disposiciones con evidentes cuestionamientos constituye un precedente peligroso.
Ahora, los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 podrán acceder a la educación superior pública de forma gratuita gracias a las gestiones adelantadas por el Gobierno Nacional.
En suma, la interpretación sistemática se manifiesta a través de la interpretación adecuada de las leyes, amparada en la fuerza normativa.
La conclusión obligatoria e inevitable es que el parágrafo segundo del artículo 108 de nuestro Estatuto Tributario genera múltiples controversias para su aplicación.
Debemos recuperar la confianza en nuestras instituciones y en quienes las dirigen, pero si los demás obran de manera contraria a la ley, deberán enfrentarse a la justicia.
Los miembros de las JAC conocen como ninguno a los residentes de cada UPZ, sus necesidades y conflictos, conocimiento fundamental para iniciar a resolver conflictos sociales.
La misión del desacato es hacer cumplir de manera efectiva las órdenes impartidas para la protección de los derechos fundamentales.
El no uso de una marca para los productos o servicios sobre los cuales se solicitó puede ser sancionado con la cancelación de su registro.
Este paso inicial será determinante para que, con la confianza de todos y por la vía institucional, tanto los promotores del paro como el Gobierno Nacional tengan una hoja de ruta constitucional y ordenada por la justicia.
