La sentencia anticipada es una herramienta legítima y útil, pero no puede ser usada para saltarse etapas fundamentales del proceso.

La decisión no cobija situaciones y problemáticas estructurales anteriores a la declaratoria de conmoción interior.

He tenido la posibilidad de trabajar con empleadores en la implementación de mecanismos y rutas de apoyo para sus trabajadores.

El jefe de Estado defendió que tanto el Gobierno como los ciudadanos pueden solicitar la consulta al Senado sin infringir la ley.

Los magistrados rechazaron filtraciones que circulan sobre lo que ocurre en su Sala Plena.

Debe existir amenaza de un perjuicio irremediable inminente, grave y que exija medidas urgentes e impostergables.

Es la AFP y no el afiliado quien tiene la obligación legal y ética de establecer condiciones para que sea concedida cualquier prestación.

Estos funcionarios participan de manera transversal de la totalidad de las competencias, por lo que deben ser de confianza.

Es necesario destacar que lo ordenado en la Sentencia T-113/25 no constituye una novedad en el ámbito jurídico colombiano.

Estados donde prolifera la corrupción han vuelto opaca la gestión pública, permitiendo que recursos esenciales sean desviados sin control alguno.

La finalidad del dictamen es servir para establecer si el diagnóstico de salud es incompatible con la reclusión en centro penitenciario.

Los abogados preseleccionados serán escuchados en audiencia pública el próximo jueves 8 de mayo.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (21 al 25 de abril).

Ninguno de los funcionarios cuestionados estaba inhabilitado, en los términos del artículo 126 de la Constitución.

La norma acusada está prevista en el artículo 74 (parcial) del Decreto 1523 de 2024.

Calificación de acto de agresión contra un docente como una conducta muy grave no resulta irrazonable.

La demanda se tramita en contra del parágrafo 2° del artículo 240 del Estatuto Tributario, introducido por el artículo 10 de la Ley 2277 de 2022.

A propósito de recientes decisiones de libertad, el abogado penalista Miguel Eduardo González Sánchez habla sobre los fines constitucionales de la medida de aseguramiento.

Se eliminó una norma que limitaba el crecimiento del mercado de licores y se abren las fronteras con nuevas oportunidades de expansión y crecimiento.

La medida provisional se mantendrá hasta cuando se notifique la decisión de la tutela interpuesta por el mandatario.

Se declaró carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, pues la accionada cumplió durante el trámite de la tutela.

En decisión reciente de la Corte Constitucional se establecieron las vías para armonizar la aplicación del Sarlaft y demás obligaciones afines con los derechos fundamentales de los consumidores financieros.

Tutelan derechos de hombre que estuvo privado de la libertad por casi cuatro años y se le vulneró el debido proceso.

El IGAC será autoridad prevalente en procesos catastrales concertados con organizaciones indígenas.

¿De qué sirve ratificar instrumentos internacionales que prohíben la tortura si, en la práctica, el Estado no transforma las condiciones estructurales que la posibilitan?

El nuevo esquema entrará en vigor el próximo 1º de julio.

Es importante recordar que El Catatumbo vive hace décadas una difícil situación humanitaria que actualmente se agudizó.

Según el Ministerio Público, la Corte Constitucional bien haría en tener en cuenta que el país requiere imperiosamente esta reforma.

Sin duda alguna, la decisión del Consejo de Estado marca un precedente.

52 personas conforman el listado final del proceso, luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera recursos.

El hecho de que ya no fuera trabajadora activa no autoriza a desconocer el derecho al trabajo y a vivir una vida libre de violencias.

El principio pro infans genera exigencias reforzadas de diligencia para la Fiscalía cuando la víctima es menor de edad.

El rol del juez de restitución de tierras debe contribuir a la paz, equidad social y democratización en el acceso a la tierra.

El debate generado por la Resolución 052 de 2025 es comprensible en el marco del creciente dinamismo de la legislación agraria en Colombia.

Potestad para regular condiciones de la negociación colectiva se extiende sobre los diferentes formatos que adopte el trabajo.

Compartimos algunas reflexiones sobre las medidas tributarias que empezaron a regir el 22 de febrero y que se extienden hasta el 31 de diciembre de este año.

Amparan derechos a la igualdad y debido proceso frente a responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

La estrategia de introducir garantías normativas y judiciales para la protección de la democracia no es nueva en el derecho constitucional.

Gregorio Eljach declaró que “ningún órgano del Estado o de la sociedad puede pretender constreñir, presionar o desconocer sus decisiones”.

Sorprende favorablemente que el propio Minagricultura, en la resolución sometida a comentarios, ha recogido sus propios errores suprimiendo dicho capítulo.

El Estado debe proteger la vida e integridad ante riesgos extraordinarios o extremos, mediante medidas de protección.

La tutela se convierte en el principal mecanismo de protección de derechos, aun cuando existan otros medios judiciales.

Protegen debido proceso de la PGN en nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por exalcaldesa de Neiva.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (11 al 16 de abril).

Consejo Superior de la Carrera Notarial debe realizar ajustes que eliminen barreras de acceso a la función notarial.

La accionante no acreditó requisito de subsidiariedad y puede acudir a los mecanismos judiciales ordinarios.

Más allá del trámite legislativo, hay tres aspectos de fondo en la Ley 2381 de 2024 que merecen un debate público urgente.

Saludamos la estipulación de un instrumento iberoamericano sobre el derecho de acceso a la justicia centrado en las personas en situación de vulnerabilidad.

Prohibición de adjudicar bienes de uso público prevista en la Ley 70 de 1993 no impide titular tierras de bajamar.

Jorge Eliécer Laverde Vargas, secretario general de la Comisión Sexta del Senado de la República, habla sobre la importancia de estos funcionarios en la creación de normas.

Se busca el remplazo de la magistrada Cristina Pardo.

Decisiones disciplinarias en instituciones de educación superior deben respetar el debido proceso y derechos fundamentales.

Se debe estar ante un perjuicio irremediable, que debe cumplir requisitos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad.

La atribución de la culpa del contenido que consumen los menores de edad no puede ser atribuida a un titular de una obra musical.

Los sistemas inclusivos del cuidado y de apoyos constituyen uno de los desafíos más estratégicos para las democracias.

ICBF deberá implementar protocolo de notificación sobre cierre de hogares comunitarios y realizar diagnóstico de población.

¿Por qué los programas de Duque no fueron censurados, si eran todos los días?: Gustavo Petro

El accionado no obtuvo autorización de la madre para viajar a Colombia y quedarse residiendo aquí.

Superfinanciera deberá expedir lineamientos sobre el acceso al sistema financiero de personas con antecedentes penales.

Se ordenó entregar al accionante el código fuente de la aplicación ‘CoronApp’ con todo historial y control desde su versión original.

El caso Watson es un ejemplo más de cómo el uso amplio de IA por las entidades gubernamentales todavía tiene que alinearse con la discusión local y regional.

En el marco de los ‘Diálogos constitucionales’, que adelanta la Corte Constitucional, se inauguró el Museo de la República en la sede Francisco de Paula Santander del Colegio de Boyacá.

Aunque la jurisprudencialización del Derecho puede ser útil para adaptar el sistema jurídico a las necesidades sociales, debe ser manejada con cautela.

El modelo civilizatorio actual afecta a los pueblos indígenas y convierte el suicidio en un problema de salud pública.

Ya es hora de un cambio de paradigma y el Estado debe responder por la omisión legislativa.

El aporte o la solicitud de pruebas por parte del contratista constituye una garantía de su derecho de defensa.

El 27 de marzo de 2025, la Sala de Casación Civil profirió una sentencia que reformula la manera como se estudiaba la responsabilidad civil en Colombia.

Se debe proteger la integridad y salud mental del trabajador frente a factores como sobrecarga de trabajo.

Informar sobre la celebración de un contrato no constituiría violación o inobservancia del secreto profesional.

Publican fallo que declaró exequible expresión de ley que adoptó normas relacionadas con impuestos territoriales.

La decisión tiene efectos retroactivos, a partir de la expedición de la Ley 2291/23.

Se abordarán temas de interés para el mundo del trabajo y de la seguridad social en un año de grandes cambios para las relaciones laborales en Colombia.

Esta figura viene ganando, con mucha fuerza, un espacio en la comunidad jurídica y empresarial.

El juez de control de garantías no es un aliado del presidente de la República, el alcalde o el gobernador de turno.

Esta es una sentencia muy bien fundamentada y que muestra algunos de los problemas de la errada interpretación de las normas del ordenamiento jurídico.

El Congreso debería aprobar la consulta a pesar del riesgo que implica la redacción de las preguntas, sin que exista un control judicial previo, como se ha indicado en precedencia.

Colombia no cuenta con una regulación sobre el tema, pero existen parámetros constitucionales y legales que deben ser tenidos en cuenta.

Conozca la lista depurada por la Corte Suprema de Justicia, 23 mujeres fueron incluidas.

Condicionan expresiones del Código Civil referidas a este instrumento jurídico.

La reforma tributaria del 2022 creó el impuesto sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes.

Las instituciones estatales deberán implementar planes de contratación estable mediante concursos de méritos y carrera administrativa para docentes y administrativos.

Sobre la manera como quedó establecido este tema en la Ley 2388 del 2024, es pertinente realizar algunos comentarios sobre hechos que pueden entorpecerla.

El legislador erigió como fundamento para alcanzar el sustituto de prisión domiciliaria el quantum mínimo fijado en el tipo penal como retribución frente a la conducta delictiva.

En este homenaje, el programa recibió reconocimiento por parte del Concejo de Bogotá por su trayectoria formando profesionales del Derecho.

Enfatiza que el estado actual del sistema no garantiza plenamente el derecho a la salud de la población.

El debido proceso es una garantía fundamental dentro de los procedimientos administrativos sancionatorios en la contratación estatal.

El cumplimiento de las disposiciones en la declaratoria de las APPA será de carácter obligatorio.

En esta nueva cita, el debate se dio alrededor de “Educación digna en la jurisprudencia constitucional”.

Errores u omisiones en el reporte de información no son responsabilidad de los afiliados y no pueden afectar sus derechos.

Según la accionada, la vendedora podía compartir el espacio que se le había otorgado a su pareja para ejercer su actividad.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (24 al 28 de marzo).

En el teatro Pigoanza, hoy 28 de marzo, se realiza un nuevo evento de este ciclo de conferencias.

Disposiciones sobre términos se aplicarán respecto de los procesos radicados a partir de su entrada en vigencia, el 1 de abril.

En esta nueva cita, el debate girará en torno a la “Educación digna en la jurisprudencia constitucional”. El evento se realizará en el teatro Pigoanza.

La iniciativa necesitaba mayoría absoluta, por ser una ley estatutaria.

Concepto de autoridad administrativa no se puede interpretar de forma extensiva, pues contradice mandatos superiores.

La ANT deberá asesorar a las autoridades del cabildo sobre procedimientos administrativos para adquisición de tierras.

Nuestra legislación al respecto debiera incluir lo que podemos llamar eutanasia anticipada.

Pareciera que con esta decisión la Procuraduría estuviera abriendo la puerta para investigar y sancionar disciplinariamente a los particulares disciplinables.

La versión digital permite el acceso a más de 1.700 fallos completos.

Desde este 27 de marzo y hasta el 10 de abril, los interesados podrán presentar sus comentarios al proyecto.

La denuncia señala que la retención de fármacos afecta especialmente a poblaciones vulnerables.

Realizar este tipo de actividades no debe poner en riesgo el ejercicio de otras libertades y derechos fundamentales en el trabajo.

El Legislativo debe implementar reformas estructurales basadas en un análisis serio de la política criminal.

La discriminación por salud sí existe. Negarla equivale, en la práctica, a permitirla.

Persistir en la inejecución de sentencias es, en efecto, vulnerar los cimientos mismos del orden constitucional.

Exequibles varios artículos de la ley que estableció medidas para la austeridad en la publicidad estatal.

Protegen derechos a hombre condenado a 48 meses de prisión en 1991 sin registro sobre cumplimiento y/o extinción de la pena.

No se consideraron las condiciones particulares de los menores de edad, su grupo familiar y su comunidad.

Sin duda, Colombia necesita un cambio, pero las transformaciones requeridas no pueden construirse así.

No se han adelantado acciones para determinar la habitabilidad de las viviendas, el nivel de riesgo y si este es mitigable.

Recientemente, se definieron los alcances del control judicial sobre la acusación en el marco del procedimiento adversarial del sistema de justicia transicional.

Protegen derecho a la educación de mujer a quien se le negó acceso para convalidar su título de abogada.

Aunque manifestaron representar a víctimas del conflicto, la personería no se solicitó con base en este aspecto.

El sesgo de confirmación está presente cotidianamente en todo cuanto disertamos y discutimos.

En la actualidad, el reconocimiento legal y judicial de los derechos de la naturaleza se ha centrado especialmente en la declaratoria de ríos como sujetos de derecho.

Hoy la justicia penal reconoce que se equivocó y mediante providencia del 7 de febrero de 2023 absolvió a Gustavo Sastoque.

No es posible sustituir sin razón alguna el criterio cronológico asociado a la expresión “al entrar en vigencia el sistema”.

Las beneficiarias deben presentar un certificado médico que justifique la necesidad del trabajo en casa debido a síntomas asociados a su ciclo menstrual.

Los requisitos que exige el ordenamiento jurídico para el decreto de un estado de conmoción interior en Colombia han sido ampliamente debatidos.

Modernizar el derecho penal no significa entregarlo a sistemas automatizados sin control ni cuestionamiento.

Se modificó un asunto sustantivo contenido en una ley de vigencia permanente relativo al registro de bienes inmuebles.

Estas decisiones se caracterizan por ofrecer directrices que contribuyen al cumplimiento de la misión constitucional de la JEP.

La decisión considera las reglas del Consejo de Estado sobre revisión de sanciones a funcionarios elegidos popularmente.

Dos ciudadanos demandaron el artículo 7 de la Ley 2197 de 2022 ante la Corte Constitucional, argumentando que vulnera derechos fundamentales.

Estos funcionarios tienen los mismos deberes que los magistrados y estarán sujetos a las mismas responsabilidades.

Gregorio Eljach afirma en su opinión al alto tribunal que el Gobierno no incurrió en apreciación arbitraria ni en error manifiesto.

La votación mayoritaria en la Comisión Séptima fue por la ponencia de archivo.

Revocan absolución en caso de violencia intrafamiliar al determinar que la víctima no declaró en el juicio por temor.

Debe preponderar que la cédula que el ciudadano solicita se deje vigente y atender razones de fondo.

La normativa resalta que estos derechos son esenciales para el fortalecimiento de los derechos laborales y deben ser garantizados por las autoridades nacionales y territoriales.

En la actualidad ya existe exclusión de 3.000 millones de personas del mundo digital.

Los interesados podrán inscribirse en el portal web de la Rama Judicial a más tardar el lunes 31 de marzo del 2025.

Hasta el 20 de junio, el Congreso atravesará una temporada compleja para debatir y aprobar diferentes iniciativas de ley.

Se exhorta a autoridades administrativas a diseñar políticas públicas para prevenir y erradicar uniones tempranas.

Insistencia en la aprobación del proyecto por parte de las cámaras legislativas deber ser coincidente y uniforme.

En el caso de las consultas convocadas por el presidente, debe llevar la firma de todos los ministros.

A los accionantes se les declaró la cesación de su condición sin tener en cuenta sus especiales circunstancias.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (10 al 14 de marzo).

La reforma pensional contenida en la Ley 2381 de 2024 introdujo una disposición importante sobre la materia.

Hoy, 14 de marzo, se realiza un nuevo evento de este ciclo de conferencias del tribunal constitucional.

El cuestionado alegó alta congestión, además de vacancia judicial y su designación como escrutador en unos comicios.

Beneficiarios del régimen de transición tienen derecho a que se les aplique el régimen anterior a la Ley 100/93 más favorable.

El gremio empresarial sostiene que la propuesta del Gobierno solo beneficiaría a una minoría.

El debate ha permitido retornar al estudio y comprensión de fenómenos jurídicos que se creían decantados.

Los principales afectados por esta controversia han sido funcionarios que, en ambos lados, han desempeñado sus funciones de manera correcta durante años.

El mandatario calificó de bloqueo institucional la ponencia de archivo presentada en la Comisión Séptima del Senado a la reforma laboral.

Este viernes 14 de marzo, se realizará un nuevo evento de este ciclo de conferencias del tribunal constitucional.

El pasado 10 de marzo, se iniciaron los Diálogos constitucionales. Una construcción colectiva.

Desafíos para cumplir órdenes judiciales en procesos de restitución de tierras reflejan dificultades estructurales.

Faculta a los jueces para ordenar la eliminación de contenido íntimo publicado sin consentimiento.

Según los autores, se debe reflejar la realidad social y jurídica de la diversidad de vínculos familiares que existen actualmente.

Un juzgado de Bogotá ordenó embargar las cuentas del Gobierno por una deuda pendiente con una filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

La elección popular no es una patente de corso para sumir a los electores al vaivén de los caprichos personales o de agendas privadas.

Necesitamos más Lidias Poët, que reflexionen con espíritu crítico y una visión holística sobre los problemas que nos aquejan.

Un ejercicio hermenéutico permitirá determinar si se restringe la igualdad material al excluir nombres de hombres.

El constitucionalismo conservador se fascina con la idea crítica del supuesto activismo judicial.

Publican fallo que declaró inexequible una expresión de la ley que creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En la segunda edición de esta serie de eventos, se analizarán las primeras constituciones políticas de la República.

La erradicación de la violencia de género en Colombia requiere un compromiso de todos los sectores de la sociedad.

En la segunda edición de esta serie de eventos, se analizarán las primeras constituciones políticas de la República.

Hoy podrá seguir en directo la transmisión de ‘El constitucionalismo antes de la República’, que se realiza en la Universidad del Rosario.

Las sanciones establecidas incluyen multas económicas de diferentes tipos, según la gravedad de la infracción acústica.

Mañana 7 de marzo, en la Universidad del Rosario, se debatirá sobre ‘El constitucionalismo antes de la República’.

La norma que ordenaba efectuar convocatoria cada dos años perdió su vigencia con la Ley 2430 del 2024.

Camacol rechaza el proyecto porque afectaría construcción de vivienda VIS en Bogotá.

Se deben crear lineamientos claros sobre acciones que deben emprender las entidades públicas para tramitar estas necesidades.

Se busca visibilizar a esta población en el contexto de su movilidad, en el marco del fenómeno de la migración en tránsito.

Enhorabuena por la Corte, por el avance de la jurisprudencia penal y por la multiplicación de los escenarios de deliberación.

Esta crisis amerita una reforma, y no me refiero a una reforma estructural que llevará más tiempo.

El Decreto 1275 del 2024 establece normas para el ejercicio de las competencias ambientales de los territorios indígenas.

Publican fallo que dispuso revivir el parágrafo 3 del artículo 10 de la Ley 23 de 1962.

Esta medida responde a la Sentencia SU-288/22 de la Corte Constitucional, que enfatiza la necesidad de corregir deficiencias históricas en la identificación de la propiedad rural.

Se ordenó implementar política que permita identificar, antes de desvincular, si se trata de sujetos de especial protección.

Se debe entender que la sanción puede ser “hasta” por cinco días, respetando gradualidad según gravedad y modalidad.

El accionante no logró desvirtuar la presunción de primacía de la libertad de expresión, reforzada en discursos políticos.

El subsidio familiar y las cajas de compensación familiar en Colombia’ es el título del libro que busca llenar un vacío en la doctrina nacional sobre el estado del arte acerca del Sistema de Subsidio Familiar.

El 68 % de los crímenes ocurrieron en zonas rurales, Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander concentran el 52 % de los homicidios.

El plazo para presentar la candidatura comienza hoy y se extenderá hasta el viernes 7 de marzo.

Fundado el impedimento de la magistrada Diana Fajardo Rivera, se seguirá el respectivo trámite procesal.

La Corte Constitucional declaró exequibles apartes del artículo 2 de la Ley 495/99, conozca en esta infografía que es el patrimonio de familia.

Las normas cuestionadas solo se referían a las mujeres, dejando de lado a personas con experiencias de vida diversas.

El causante fue llevado a la casa de su hija meses antes de su muerte, sin que esto implicara su propia voluntad.

Consejo de Estado deberá emitir nuevo fallo por presunta participación del accionante en atentado contra el Club el Nogal.

Declaran exequible condicionalmente una expresión del artículo 1022 del Código Civil por omisión legislativa relativa.

Se ordenó a la Sala Penal de la Corte Suprema remitir a la JEP un proceso por presunta ejecución extrajudicial.

Publican texto del fallo que declaró inexequibles varias disposiciones que evaden el debate legislativo ordinario.

Los menores podrán ejercer su autonomía progresiva y contextual a través del asentimiento y el consentimiento informado, enmarcados en principios de derechos humanos.

Funcionarios que atienden las denuncias tienen cargas que se desprenden del deber de debida diligencia reforzada.

El nuevo enfoque busca asegurar la correcta y equitativa distribución de los tratamientos antirretrovirales en el país.

Publican fallo que declaró inexequible la creación del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos (INDTOT).

La accionada deberá abstenerse de trasladar al trabajador las consecuencias derivadas de la mora o la omisión del empleador.

De la decisión no se deriva la exclusión del derecho de recibir cuidados paliativos, para brindarle una mejor calidad de vida.

La norma prohíbe a los condenados por maltrato tener animales durante cinco a siete años.

Se establecería un plazo de 30 días para que las EPS registren su capacidad de afiliación en el régimen subsidiado.

Los apartes atacados prevén la base gravable en el caso de las mercancías importadas y de los productos terminados producidos en zonas francas.

La acción de inconstitucionalidad se presenta en contra de una expresión contenida en el artículo 23 de la Ley 1979 de 2019.

El caso del Concejo de Medellín trasciende su contexto específico y plantea una controversia teórica de profunda trascendencia.

Análisis de la pensión de invalidez en enfermedades congénitas, degenerativas y/o crónicas de cara a la Sentencia CSJ SL747 de 2024.