El riesgo sistémico que enfrenta el sector eléctrico obedece a una combinación de decisiones fiscales postergadas, promesas rotas y graves incumplimientos.
La cifra evidencia que la percepción de seguridad jurídica que brinda el arbitraje no se queda solo en la sensación subjetiva.
Los artículos 1º al 27 de la Ley 906 de 2004 nos recuerdan los principios y valores que guían la actuación penal.
La inmensa mayoría de situaciones en las que los seres humanos usamos a otros animales no puede ni debería ser entendida como una relación laboral.
Teniendo en cuenta que en enero de 2026 deben realizar el primer reporte de información, esta nueva obligación debe tenerse en cuenta desde ya.
Es importante revisar el periodo de transición entre la entrada en vigencia del DICE y la implementación completa de los lineamientos establecidos por el Banco de la República.
Si bien son medidas que requieren tiempo para su adopción, lo importante es iniciar.
Estamos llegando a un punto en el que cualquier dato puede llegar a considerarse un dato personal.
Tenemos casi un año para comprender cómo este nuevo código redefine la prevención, mitigación y solución de los conflictos laborales.
Reconocer la responsabilidad penal de las empresas no significa humanizarlas ni desnaturalizar el derecho penal.
Se sugiere a los centros de arbitraje que se creen listas especializadas de árbitros con experiencia en libre competencia.
La sentencia anticipada es una herramienta legítima y útil, pero no puede ser usada para saltarse etapas fundamentales del proceso.
Los neobancos aún enfrentan importantes desafíos hacia el futuro. Entre ellos, se destaca la necesidad de adaptarse a un entorno regulatorio exigente como el colombiano.
He tenido la posibilidad de trabajar con empleadores en la implementación de mecanismos y rutas de apoyo para sus trabajadores.
Este aumento en las retenciones y autorretenciones implicaría un financiamiento por parte de los contribuyentes que podría impactar su flujo de caja.
El FMI se erige como uno de los pilares fundamentales de la arquitectura financiera internacional, institución nacida en la Conferencia de Bretton Woods de 1944.
En nuestro país, como en muchas otras partes del mundo, la movilidad ha sido históricamente vinculada a la masculinidad y al destino.
Si el objetivo es imponer penas más severas por estos comportamientos, sería más oportuno considerar un aumento en la pena estipulada en el numeral primero del artículo 110 del Código Penal.
Es necesario destacar que lo ordenado en la Sentencia T-113/25 no constituye una novedad en el ámbito jurídico colombiano.
Estados donde prolifera la corrupción han vuelto opaca la gestión pública, permitiendo que recursos esenciales sean desviados sin control alguno.
En lugar de centrarse solo en la defensa legal, las empresas creativas pueden adoptar estrategias de negocio proactivas para gestionar el riesgo de forma diferente en este nuevo panorama.
Se eliminó una norma que limitaba el crecimiento del mercado de licores y se abren las fronteras con nuevas oportunidades de expansión y crecimiento.
Esta norma establece incentivos tributarios y administrativos para fomentar la vinculación de entidades y organizaciones a los programas productivos carcelarios.
Debemos fortalecer la autoridad estatal en todo el territorio, combatir el crimen de manera eficaz y hacerlo bajo el derecho internacional.
En la medida en que a los contribuyentes les faciliten la vida, estos tendrán la posibilidad de cumplir mejor y a tiempo con sus obligaciones fiscales.
¿De qué sirve ratificar instrumentos internacionales que prohíben la tortura si, en la práctica, el Estado no transforma las condiciones estructurales que la posibilitan?
Es importante recordar que El Catatumbo vive hace décadas una difícil situación humanitaria que actualmente se agudizó.
Sin duda alguna, la decisión del Consejo de Estado marca un precedente.
Es claro que el proyecto de decreto tiene como único propósito mejorar la caja del Estado para cubrir los profundos huecos que existen para atender las necesidades del país.
Es necesario implementar mecanismos que incentiven la competencia y permitan la entrada de nuevos actores en esta materia.
Si se blindaran de manera absoluta las ideas, métodos o enfoques creativos, correríamos el riesgo de convertir toda innovación en mera copia de lo ya existente.
Estos criterios deberían implementarse en las 14 selecciones para altas cortes que ocurrirán en lo que resta del 2025.
El debate generado por la Resolución 052 de 2025 es comprensible en el marco del creciente dinamismo de la legislación agraria en Colombia.
La estrategia de introducir garantías normativas y judiciales para la protección de la democracia no es nueva en el derecho constitucional.
Implementar la ‘travel rule’ en Colombia podría convertirse en una herramienta clave para legitimar y dar seguridad al ecosistema cripto.
Más allá del trámite legislativo, hay tres aspectos de fondo en la Ley 2381 de 2024 que merecen un debate público urgente.
La atribución de la culpa del contenido que consumen los menores de edad no puede ser atribuida a un titular de una obra musical.
Los sistemas inclusivos del cuidado y de apoyos constituyen uno de los desafíos más estratégicos para las democracias.
Pronto, no bastará con leer el contenido; habrá que leer la advertencia. Porque entre la verdad y la simulación, esa pequeña frase podría ser nuestra única defensa.
Sin duda, es buen momento para recordar a la autoridad tributaria el rigor con el que debe expedir sus pronunciamientos.
Es necesario que el Estado colombiano reestructure su enfoque de la pena, centrándose más en la rehabilitación.
El caso Watson es un ejemplo más de cómo el uso amplio de IA por las entidades gubernamentales todavía tiene que alinearse con la discusión local y regional.
Ya es hora de un cambio de paradigma y el Estado debe responder por la omisión legislativa.
La propuesta contempla acuerdos anticipados de pago por trabajo extra, nocturno, dominical o festivo.
El aporte o la solicitud de pruebas por parte del contratista constituye una garantía de su derecho de defensa.
El presente proyecto de ley consolida a Colombia como un referente en la adopción de modelos de cumplimiento normativo en materia de derecho del consumo.
El juez de control de garantías no es un aliado del presidente de la República, el alcalde o el gobernador de turno.
Esta disposición establece una figura que ha sido objeto de debate y análisis en cuanto a su interpretación y aplicación: la renuncia tácita.
Esta es una sentencia muy bien fundamentada y que muestra algunos de los problemas de la errada interpretación de las normas del ordenamiento jurídico.
El debate sobre los vigilantes y conserjes en Colombia debe analizarse desde una perspectiva tanto legal como económica.
Como ocurrió con la revolución digital, corremos el riesgo de llegar tarde. El ‘antitrust’ espacial es la nueva frontera para pensar soberanía tecnológica.
La Ley 1661 de 2013 aprobó la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal.
La competitividad empresarial, el comercio y consumidores serían los quemados.
Sobre la manera como quedó establecido este tema en la Ley 2388 del 2024, es pertinente realizar algunos comentarios sobre hechos que pueden entorpecerla.
En estas épocas de juntas de socios y asambleas de accionistas surgen interesantes discusiones respecto a diversas instituciones del derecho societario.
El legislador erigió como fundamento para alcanzar el sustituto de prisión domiciliaria el quantum mínimo fijado en el tipo penal como retribución frente a la conducta delictiva.
Si bien este impuesto fue creado hace siglos, sus imperfecciones no se alejan mucho de las características del sistema tributario actual en Colombia.
El debido proceso es una garantía fundamental dentro de los procedimientos administrativos sancionatorios en la contratación estatal.
Un marco normativo equilibrado debe impedir abusos en ambas direcciones.
Hay que revisar los conceptos básicos que nos permitan definir con claridad cuándo estamos ante un servicio de computación en la nube.
Las transacciones de M&A conllevan diversos riesgos de carácter penal que deben ser evaluados cuidadosamente durante el proceso de debida diligencia.
Uno de los momentos más difíciles que tuvo que sufrir Kelsen a lo largo de su vida fue la expulsión de la Universidad de Colonia en Alemania.
Puede ser que revivir impuestos antitécnicos y anticuados se convierta en la nueva orientación de los tributos progresistas.
Las transacciones de M&A conllevan diversos riesgos de carácter penal que deben ser evaluados cuidadosamente durante el proceso de debida diligencia.
Pareciera que con esta decisión la Procuraduría estuviera abriendo la puerta para investigar y sancionar disciplinariamente a los particulares disciplinables.
Siempre es necesario hacer un uso ético y responsable de estas herramientas tecnológicas.
Hay que pensar en otro tipo de sanciones diferentes de las multas que de nada han servido, salvo para enrarecer el clima de los procesos.
El Legislativo debe implementar reformas estructurales basadas en un análisis serio de la política criminal.
La discriminación por salud sí existe. Negarla equivale, en la práctica, a permitirla.
Sin duda, Colombia necesita un cambio, pero las transformaciones requeridas no pueden construirse así.
Recientemente, se definieron los alcances del control judicial sobre la acusación en el marco del procedimiento adversarial del sistema de justicia transicional.
Por el bien de la comunidad empresarial y la seguridad jurídica, deberían promoverse espacios de coordinación interinstitucional en esta materia.
El sesgo de confirmación está presente cotidianamente en todo cuanto disertamos y discutimos.
En la actualidad, el reconocimiento legal y judicial de los derechos de la naturaleza se ha centrado especialmente en la declaratoria de ríos como sujetos de derecho.
En total, se aplazaron 12 billones de pesos de apropiaciones del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025.
Hoy la justicia penal reconoce que se equivocó y mediante providencia del 7 de febrero de 2023 absolvió a Gustavo Sastoque.
Los requisitos que exige el ordenamiento jurídico para el decreto de un estado de conmoción interior en Colombia han sido ampliamente debatidos.
La evolución de los sistemas de pago en Colombia ha impulsado la necesidad de infraestructura digital robusta, segura y eficiente.
En Colombia, más de 5,5 millones de personas utilizan activos virtuales de manera habitual en sus transacciones, lo que hace imperativo establecer reglas claras en este ámbito.
La Ley Ángel, aprobada por el Congreso el pasado 25 de febrero, actualiza y refuerza las normas penales y policivas de protección animal.
La unidad del derecho del consumo no es ni debe ser conflictiva con la vigencia de normas sectoriales o especiales.
Merecidamente ha sido reconocido como un autor epocal, aquel que ha marcado una específica comprensión de la ciencia penal con un alcance global.
La reforma laboral que se acaba de hundir en el Congreso de la República no ayudaba para nada a las personas en la informalidad.
En la actualidad ya existe exclusión de 3.000 millones de personas del mundo digital.
La inflación de las imputaciones no beneficia a la justicia, al contrario, la afecta, le resta credibilidad, eficiencia y seriedad.
Es importante recordar que es una evaluación de Colombia y no únicamente de la Dian, por lo que los sectores público y privado deben trabajar en equipo.
En el caso de las consultas convocadas por el presidente, debe llevar la firma de todos los ministros.
¿Qué implica la calificación de los contratos con proveedores de IA como contratos de servicios de computación en la nube?
El libre mercado cambió. Ahora es proteccionista, de aranceles y de campeones nacionales o departamentales.
Sorprende y llama poderosamente la atención las constantes críticas que los MRC reciben desde distintos frentes.
Los principales afectados por esta controversia han sido funcionarios que, en ambos lados, han desempeñado sus funciones de manera correcta durante años.
Será fundamental analizar cada caso particular para determinar si aplica o no el impuesto.
La sentencia avanzó al admitir sin ambages que el régimen de responsabilidad civil por el ejercicio de actividades peligrosas es objetivo.
¿Está en deuda el Derecho con la tecnología? o ¿la que tiene la deuda pendiente es la tecnología con el Derecho?
Mejorar la efectividad de las fotomultas en Colombia requiere un enfoque integral que combine herramientas tecnológicas con estrategias educativas y de transparencia.
Necesitamos más Lidias Poët, que reflexionen con espíritu crítico y una visión holística sobre los problemas que nos aquejan.
El constitucionalismo conservador se fascina con la idea crítica del supuesto activismo judicial.
Ese es el aporte de la mujer: su forma de sentir, concebir y transformar el mundo a través de la vida y el pensamiento.
La erradicación de la violencia de género en Colombia requiere un compromiso de todos los sectores de la sociedad.
Enhorabuena por la Corte, por el avance de la jurisprudencia penal y por la multiplicación de los escenarios de deliberación.
El Decreto 1275 del 2024 establece normas para el ejercicio de las competencias ambientales de los territorios indígenas.
El uso de la política arancelaria que utiliza el presidente Trump para avanzar los intereses de su agenda contradice los principios y objetivos de la OMC.
El escenario actual invita a un debate continuo sobre la necesidad de armonizar criterios y establecer lineamientos claros.
A pesar del entusiasmo que suscita en algunos juristas que lo defienden con vehemencia, considero que el juramento estimatorio es un medio de prueba sobreestimado.
Es fundamental que la valoración del testimonio adjunto se realice con una atención cuidadosa a los principios de igualdad procesal y a las garantías de defensa.
El tema de la justicia predictiva viene suscitando gran interés y controversia.
La conducta no es una falta disciplinaria, de acuerdo con el régimen de impedimentos, recusaciones y conflictos de interés.
El caso del Concejo de Medellín trasciende su contexto específico y plantea una controversia teórica de profunda trascendencia.
La cuestión está en no ser un personaje más del Berlín de Isherwood, haciendo que no oye o no sabe. Como yo ya sé, no puedo ignorarlo.
El 18 de febrero falleció Claus Roxin, a la edad de 93 años. Bernd Schünemann y Luis Greco lo rememoran también como ‘praeceptor mundi’, colega y amigo.
Estamos atentos a las precisiones que haga la administración tributaria, pues desde el 2010, momento en que su tarifa bajo a 0, hemos dejado de lado análisis de este tributo.
EE UU corre el riesgo de perder mucha confianza debido a la imprevisibilidad de su presidente.
La estabilidad laboral reforzada por fuero de salud no impide que un empleador pueda dar por terminado un contrato de trabajo con justa causa.
En Colombia hay un largo recorrido político, jurídico y social de los estados de excepción.
Ojalá que el reconocimiento de este nuevo derecho fundamental no quede relegado a “sentencias de papel”. Abogaremos, como ya lo hemos hecho, para que esto no ocurra.
Se propone entonces una verdadera modificación del control disciplinario, convirtiendo a la PGN en el ente acusador de los funcionarios de elección popular.
Los artículos 21 y 23 del Código Penal, que abordan las modalidades de conducta y la culpa, son cruciales para la labor cotidiana de abogados, fiscales y jueces en los procesos judiciales.
Aprovechen este espacio para reflexionar acerca de su desempeño como administradores y contarles a los accionistas lo que hicieron.
La dicotomía entre ‘wages’ y ‘salaries’ sigue siendo un área dinámica de investigación legal.
Este análisis legal de prefactibilidad de internacionalización no pretende sustituir o reemplazar una asesoría local en materia legal.
La sociedad comanditaria y sus dos regímenes de responsabilidad: ¿beneficio o distorsión jurídica?
Los informes finales de los accidentes han sido utilizados como prueba en procesos judiciales en los que se busca la declaratoria de responsabilidad
¿Cómo cumplir los compromisos convencionales y los principios fundamentales en lo que respecta al adelantamiento de un proceso penal permeado de plazos razonables?
El Gobierno podría estar cubriendo el hueco que advirtió a finales del año pasado y que pretendía tapar mediante una reforma tributaria ordinaria.
Trump quiere deportaciones masivas automáticas y para eso necesita graduar rápidamente como “criminales” a los indocumentados.
Creo que el tribunal perdió una gran oportunidad de realizar un análisis, aplicando el enfoque de género, de un caso de una mujer, víctima de violencia, que mató a su agresor.
La libertad de opinión se puede limitar cuando se trata de propaganda de la guerra, apología al odio, pornografía infantil e instigación pública y directa al genocidio.
En el caso particular, resultaba evidente que, con la aplicación de dicha Circular 067 de 2022, se generaba un daño injusto que el juez debía prevenir.
El reciente fallo del Consejo de Estado y la posterior modificación doctrinal de la Dian marcan un hito en la tributación de los contratos de cuentas en participación.
Es innegable que la IA puede optimizar procesos judiciales, pero no debe interpretarse como un sustituto de la labor humana, especialmente de los jueces.
Hay seis procesos de constitucionalidad surtiéndose actualmente en la Corte Constitucional, en los que se duda parcial o totalmente de la nueva legislación.
Determinar con rigor el riesgo previsible es una gran responsabilidad de la comunidad jurídica.
Ya el Gobierno Nacional ha dirigido sus intenciones a hacer obligatorias las áreas de protección para la producción de alimentos de iure.
Una cosa es derogar por una ley la “doctrina probable” y otra distinta es proscribir la “jurisprudencia reiterada” de la Corte SJ como fuente de derecho, lo que es inasequible, constitucionalmente hablando.
Este fallo conviene discutirlo y tratarlo a profundidad, porque, en verdad, implica todo un nuevo capítulo para los casos de responsabilidad.
La IA no debe ser vista como una amenaza, sino como una oportunidad para que el Derecho evolucione y se adapte a los tiempos modernos.
Sin duda, este es un tema de vital importancia que requiere de una atención urgente por parte del sector financiero colombiano.
El Derecho no puede limitarse a una función técnica ni a una aplicación mecánica de normas, ni mucho menos, centrado en debates académicos domésticos.
Estas reglas no solo clarifican la distribución de competencias, sino que también fortalecen el principio de especialidad y eficiencia en la administración de justicia en materia de extinción de dominio.
Ante la situación actual, el Gobierno está buscando los recursos adicionales, por lo que las figuras fiscales podrían ser sus mejores aliadas.
A medida que nos acercamos a las elecciones presidenciales de 2026, es hora de empezar a hablar del bitcóin como nuestra segunda moneda nacional.
¿Debemos conocer el contexto completo de la situación de una persona cuando la juzgamos y ese contexto debe influir en la decisión que se toma sobre su responsabilidad legal?
¿Será el 2025 el año de la entidad de gestión colectiva y el derecho de suite a favor de los artistas plásticos y visuales?
La grave situación de orden público que experimenta el Catatumbo es el resultado de varios problemas estructurales.
A primera vista parece razonable que se regule el scroll infinito. Pero si uno lo piensa mejor, se puede tratar de una normativa que atenta contra la autonomía de la voluntad
¿Quién controla la narrativa digital que construyen los algoritmos sobre nosotros?
Si bien la información exógena no se distingue por ser una de las obligaciones más llamativas en materia tributaria, se incorporaron algunas modificaciones importantes.
En los litigios societarios, la medida cautelar es una herramienta procesal indispensable para asegurar los derechos de las partes mientras se resuelve el conflicto en cuestión.
Jueces y juezas se deben a la Constitución y a la ley. Su legitimidad no puede confundirse con la predicada para políticos o gobernantes.
Tanto abogados como emprendedores deben adaptar sus estrategias y encontrar mecanismos para cumplir con la regulación sin comprometer el crecimiento de los proyectos.
Mientras estuvo vigente, la doctrina probable fue absorbida por el precedente o, simplemente, se convirtió en una disposición jurídica ineficaz.
Cumplió su periodo Gerson Chaverra Castro, el primer afrodescendiente que desempeña la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en sus más de 200 años de historia.
¿En qué queda el cuentazo de que las personas pueden divorciarse unilateralmente si el interesado en divorciarse tiene que presentar una demanda a la que se puede oponer el otro cónyuge?
Pasados 33 años del desarrollo del Estado unitario colombiano, el poder económico y político se ha concentrado en la centralidad del país.
Discrepamos de esta decisión, pues consideramos que representa un desconocimiento a la libertad de expresión.
Las políticas migratorias constituyen uno de los más claros reflejos de la soberanía de un Estado.
Los líderes deben tener en cuenta que cualquier anuncio, propuesta o decisión impacta inmediatamente la economía.
Es recomendable que las entidades estatales cuya contratación está sometida al derecho privado corrijan la práctica de autoatribuirse potestades sancionatorias que no tienen respaldo legal.
Ante la imprevisibilidad que enmarca el reajuste del mínimo desde el 2023, será este uno de los aspectos fundamentales de la planeación laboral de este año.
Si bien las fusiones empresariales representan una herramienta jurídica estratégica para el crecimiento corporativo, plantean riesgos significativos para la libre competencia.
Es un hecho la publicación de la orden ejecutiva de fortalecimiento del liderazgo estadounidense en tecnología financiera digital.
El 27 de diciembre se sancionó la Ley 2442, que permite el divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. Helí Abel Torrado analiza los pormenores de esta norma.
Dominar estos matices gramaticales sutiles es esencial para cualquier persona que trabaje con inglés legal.
Con la extensión del plazo dado por la segunda administración del presidente Trump, lo que se busca es que TikTok y el Gobierno logren un acuerdo efectivo.
Una guerra comercial es una guerra. Y, en las guerras, uno siempre queda en alguno de los lados, ya sea por propia escogencia o porque los combatientes lo rotulan a uno.
El Gobierno Nacional ha demostrado poca preparación en los temas que maneja, desprecio por los procesos y las normas, improvisación y un alto grado de sectarismo.
¿Dónde queda la vigencia del principio de colaboración armónica entre los órganos del Poder Público?
Aunque la acción de revisión transicional comparte similitudes con la prevista en la Jurisdicción Ordinaria, posee un alcance mucho más amplio.
En materia de recaudación, es necesario establecer los elementos que generan el pago de los impuestos, asuntos que han sido claramente despreciados por la administración actual.
“El juicio oral”, según los clásicos, “es la misa solemne del derecho penal”.
El funcionamiento y las competencias de la PGN pone fin al encuentro entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional y entre esta y el Consejo de Estado.
El primer paso para que Colombia se posicione internacionalmente como líder en arbitraje podría darse comprendiendo que los árbitros no son ni han pretendido ser nunca competencia de los jueces.
Si bien en el 2025 se cumplen 20 años de haberse puesto en funcionamiento el “revolucionario” procedimiento, que valga decir ha presentado avances, aún no contamos con soluciones definitivas.
Los veteranos de las Fuerzas Armadas colombianas poseen una valiosa experiencia en la guerra de guerrillas, narcoterrorismo y las operaciones contrainsurgencia.
El Derecho no existe en el vacío. Está profundamente entrelazado con la realidad social, económica y política.
La función de abogacía de la competencia se imposibilita cuando la entidad reguladora simplemente no envía el proyecto de regulación para consulta de la SIC.
La decisión de elegir una ACCAI trae consigo un estudio serio, complejo, detallado y verídico que pasa por analizar cuál de las cuatro que hoy existen es de su conveniencia.
En los últimos años, la importancia de la justicia especializada en materia societaria ha sido un tema recurrente en diversos escenarios académicos.
En agosto del 2024, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-348 de 2024, declaró inexequible la expresión “muy grave” contenida en el artículo 68 del Código Penal.
Hay cambios en la estructura del recurso, en los efectos de la sentencia de segunda instancia y en el papel de la Corte en la jurisdicción ordinaria laboral.
El año 2024 cerró con una modificación supremamente importante para el derecho de familia en Colombia: la consolidación normativa del divorcio unilateral.
Estos hechos evidencian una verdad incómoda: el sistema penal colombiano, tal y como está estructurado hoy en día, no cumple con los fines que la ley le ha asignado.
Esperamos acompañar las propuestas que construyan soluciones para que el sistema político avance hacia una estructura en la que muchas más voces puedan ocupar y habitar la política.
Una crítica a la Sentencia STS 952/2024.
La respuesta no está en abandonar los sistemas de solución de controversias para el derecho de la inversión extranjera, lo que debe hacerse es reivindicar ante estos espacios una perspectiva latinoamericana.
Con la nueva reforma pensional se supera el problema de las ineficacias de traslado de régimen para recaer en las indemnizaciones de perjuicios en la cuantía de la pensión de los colombianos.
La jurisprudencia mantiene que el sujeto pasivo puede optar por instancias civiles para que se generen sanciones correspondientes, dejando de lado la actuación penal.
La doctrina probable era el equivalente de lo que en Francia llaman, mutatis mutandi, “jurisprudence constante de la Cour de cassation”.
El avance en los 11 macrocasos abiertos no solo depende de la JEP, también del compromiso de todas las ramas del poder público, las víctimas y los comparecientes.
La CIJ podría transformar el modelo de la COP, al establecer que la inacción de los Estados no solo es moralmente reprochable, sino también jurídicamente sancionable.
Las negociaciones del salario mínimo en Colombia deben considerar las dinámicas diferenciadas de los sectores público y privado.
Es de recordar que las obligaciones de las fiduciarias son de medio y no de resultado.
A esos fiscales para los que, llegada la noche, las sonrisas de sus hijos son el último y plácido consuelo.
La eficiencia es uno de los grandes objetivos de la compra pública promovidos a nivel mundial por la Ocde.
Con más de 50 años de vigencia, es necesario revisar la actualidad de muchas figuras de esta codificación.
El pasado 3 de diciembre, entró en vigor la reforma constitucional que incorporó la protección animal a la Constitución de México.
Solo cuando entendamos que los servicios públicos son un bien común, que requiere el compromiso de todas las partes, podremos avanzar hacia una sociedad más equitativa.
El 9 de diciembre, 20 días después de su publicación en el Diario Oficial europeo, entró en vigor la nueva directiva de responsabilidad por daños causados por productos defectuosos.
El uso del segundo condicional puede mejorar la claridad y fomentar una mejor comprensión del cliente en la gestión de patrimonios y activos.
