La intervención de un tercero en la causación del daño sería irrelevante, porque es la existencia de un bien público lo que expone a la ciudadanía a un riesgo especial de daño, pero de manera legítima.

Existe un primer pecado mortal que consiste, nuevamente, en poner todo el énfasis en cabeza del victimario y dejar a un lado el papel de las víctimas.

Es el momento para definir aspectos estructurales de la responsabilidad, para no llegar a extremos francamente ambivalentes.

Aunque la teoría de la imputación objetiva tiene su origen en 1927 con el civilista Karl Larenz, es la doctrina penal donde mayor evolución ha tenido.

Las legislaciones extranjeras no prevén al inmueble como una de las modalidades de producto susceptibles de ser estudiadas bajo este régimen.

El punto central consiste en definir qué es intermediación laboral y en qué casos está permitida y en cuáles prohibida.

El Consejo de Estado ha acuñado una doctrina profundamente respetuosa del derecho a la libertad en el contexto del daño especial.

Hemos sobrecargado ramas que, como el Derecho Penal, son incapaces de resolver la problemática con suficiencia.

El hecho de que un residente pueda adquirir un seguro en el exterior, pero sin que la compañía lo ofrezca en el mercado nacional, implica que no estará sujeta al control de las entidades colombianas.

El hecho de que un residente pueda adquirir un seguro en el exterior, pero sin que la compañía lo ofrezca en el mercado nacional, implica que no estará sujeta al control de las entidades colombianas.