La Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado dio por finalizada la discusión suscitada por la disparidad de criterios que se ha dado entre subsecciones.

El fallo también recuerda los requisitos exigidos para la prestación, según cada una de las normas que han regulado esta figura.

La Sala Penal resalta que es responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación precisar cuáles son los hechos que pueden subsumirse en el respectivo modelo normativo.

El Consejo Superior de la Judicatura ya emprendió medidas legales en contra del sindicato el Vocero Judicial.

La Corte Constitucional recordó las circunstancias y presupuestos que permiten solicitar o aplicar esta figura, a petición de parte o de manera oficiosa.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado recordó que el impuesto recae sobre quienes se benefician directamente del servicio o quienes son usuarios potenciales del mismo.

Corresponde al administrador tomar las medidas y correctivos necesarios, lo que implica un análisis minucioso de todos los documentos.

La Superfinanciera interpuso una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen diferentes mensajes que han circulan en Twitter para “sancionar moralmente” al Grupo Aval.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia advirtió que así la Ley 906 del 2004 no lo diga expresamente, es claro que la labor del defensor culmina con la ejecutoría del fallo.

La Sección Primera indicó que las corporaciones ambientales deben imponer medidas preventivas cuando se prevea la ocurrencia del daño consumado.