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¿Se configura el delito de pánico económico con campaña para retirarse de un banco?

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¿Se configura el delito de pánico económico con campaña para retirar dinero de un banco? (Bigstockphoto)

Ante los mensajes que circulan en la red social Twitter que promueven o incitan a los ciudadanos a retirar y “salvar” sus ahorros de una entidad bancaria porque, al parecer, las cuentas del grupo económico al que pertenece serían embargadas por autoridades de EE UU, la Superintendencia Financiera decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía General por pánico económico. (Lea: Corte Suprema da vía libre a fiscal ‘ad hoc’ para caso de Odebrecht)

 

“Todo eso es absolutamente falso, entonces, como Superintendencia Financiera nuestro deber es denunciar antes las autoridades competentes para que se investigue quién está promoviendo este tipo de información”, indicó el superintendente Jorge Enrique Castaño, quien, además, aseguró que no se trata de atentar contra la libertad de opinión y expresión, pero sí de  investigar hechos relevantes que difundian información inexacta.

 

Y es que no solo circulan mensajes con información sobre embargo de cuentas, también se promueve una “sanción moral” para las organizaciones que tuvieron relación con Odebrecht.

 

“Lo que no se puede permitir es que se quiera persuadir al público para que retire sus ahorros de la entidades financieras, porque el que se está afectando no es la persona que está siendo investigada, no. Cuando se retira la plata de una entidad financiera lo que estoy haciendo es atentando contra la economía en general”, explicó el funcionario. (Lea: Se abre paso fiscalía ‘ad hoc’ para el caso Odebrecht)

 

El funcionario hizo un llamado para no permitir que verdades a medias difundidas a través de redes sociales pongan en riesgo un sistema financiero sólido. “Defendemos la institucionalidad. No toleraremos estas situaciones promovidas por falsos rumores difundidos”, enfatizó el superintendente. Agregó que es inaceptable que el sistema financiero se tiña de tintes políticos o de intereses individuales.

 

¿Por qué se dio esta situación?

 

El hecho se desató dentro del curso de las investigaciones por el escándalo de sobornos de la multinacional Odebrecht, en donde se ha mencionado a Corficolombiana, una de las empresas pertenecientes al conglomerado financiero Grupo Aval, por ser socia de la multinacional en la contratación de la Ruta del Sol y donde al parecer se habrían pagado millonarios sobornos. (Lea: “Hay que impedir que el Estado pierda más de 274 millones de dólares por el caso Odebrecht”)

 

Y es que desde la semana pasada empezaron a circular mensajes por las redes sociales con el hashtag #NoAlGrupoAval, invitando a cerrar o cancelar cualquier tipo de vínculo con las entidades que pertenecen a ese grupo empresarial.

 

 

 

 

 

 

 

Opiniones sobre el tema

 

La vicepresidenta Martha Lucia Ramírez urgió a la Fiscalía para que se ocupe de la denuncia hecha por la Superintendencia Financiera y respaldó la apreciación de la entidad sobre un posible pánico económico.

 

 

 

 

Sin embargo, para algunos juristas relevantes, como Rodrigo Uprimny, se debe diferenciar entre lo que es el delito de pánico económico y la libertad de expresión.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es y cómo se castiga el pánico económico?

 

Según el artículo 302 de la Ley 599 del 2000 (Código Penal), el delito de pánico económico consiste en divulgar al público o reproducir en un medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una institución vigilada o controlada por la Superintendencia Financiera.

 

Por ese hecho se pueden imponer penas de prisión de 2 a 8 años y una multa de 50 a 500 salarios mínimos mensuales. En las mismas penas incurrirá el que utilice iguales medios con el fin de provocar o estimular el retiro del país de capitales nacionales o extranjeros o la desvinculación colectiva de personal que labore en una empresa industrial, agropecuaria o de servicios.

 

Queda abierto el debate y la Fiscalía evaluará la petición hecha por el superintendente financiero.

 

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