No decretar la confesión ficta e infirmarla de manera implícita no constituye conducta manifiestamente contraria a la ley (5:03 p.m.)

Los límites para establecer si la decisión tomada por un servidor público debe considerarse contraria a derecho y, por tanto, constitutiva del delito de prevaricato por acción no dependen del criterio del funcionario que juzga la conducta, sino que surgen de probar que la decisión es manifiestamente ostensible y opuesta a un deber funcional dispuesto en una norma, además de dolosa. Así lo advirtió la Corte Suprema de Justicia al explicar que la decisión tomada por un juez cuando no decreta la confesión ficta y de manera implícita la infirma, no es manifiestamente contraria a la ley. La razón principal de esta afirmación la sustentó en la jurisprudencia de la Sala Civil de la corporación, en la que ha precisado que la confesión ficta es una presunción legal que admite prueba en contrario y, por ello, no hay lugar a quebrantamiento de la sentencia cuando no se declare dicha confesión. Además, recordó que es una facultad del juez decretar pruebas de oficio en este momento procesal (M.P. Sigifredo Espinosa Pérez).