Las medidas cautelares que se adoptan sobre los bienes que ofrece el desmovilizado son legítimas, aunque la propiedad de estos aparezca a nombre de otros (10:55 a.m.)

El ofrecimiento de bienes por parte del interesado, los representantes de la víctima, la Fiscalía o el Ministerio Público constituye prueba sumaria de los actos de dominio y posesión que el desmovilizado ejerce sobre los inmuebles relacionados en el proceso. Así lo indicó la Corte Suprema de Justicia, al aclarar que no es relevante que esos bienes aparezcan documentalmente como de propiedad de otras personas. En otras palabras, las medidas cautelares que se adopten sobre los bienes que el desmovilizado ofrece son legítimas, aunque se demuestre en el proceso el mejor derecho de un tercero. Según la Sala Penal, el juez debe examinar si el desmovilizado quiere faltar a la verdad y actúa con la intención real de indemnizar a sus víctimas o si, por el contrario, busca dilatar el proceso penal. En este último caso, se deberá excluir al desmovilizado del programa de justicia transicional y entregar el caso a la justicia ordinaria (C.P. Alfredo Gómez Quintero).