Es suficiente demostrar que la intención del funcionario fue desconocer el ordenamiento jurídico para que se configure el delito de prevaricato (4:45 p.m.)

El delito de prevaricato por acción se estructura cuando el servidor público en ejercicio de sus funciones profiere dictamen, resolución, acto administrativo, providencia judicial o concepto que de manera manifiesta se aparta del sentido de la norma jurídica llamada a regular el caso, con lo que se afecta tanto la credibilidad y la integridad de la administración pública como el funcionamiento del sistema jurídico. Así lo explicó la Corte Suprema de Justicia al concluir que basta con demostrar que la intención del actor fue agraviar el ordenamiento jurídico para que se configure la conducta punible de prevaricato. En otras palabras, lo injusto del comportamiento se fundamenta en que la decisión del funcionario se aparta ostensiblemente del derecho, sin que importen los motivos que tuvo para ello (M.P. Alfredo Gómez Quintero).