El país necesita saber, al menos, cuántos casos ingresan y egresan por año, a qué tipología corresponden y cuánto duran los procesos.

En ningún caso la limitación o la discapacidad de una persona podrá ser motivo para obstaculizar, negar, condicionar o restringir una vinculación laboral, afirma el fallo.

La JCC derogó las resoluciones 123 del 2014 y 1280 del 2016, ahora se regirá por lo dispuesto en la nueva norma, que amplía las funciones de su Secretaría jurídica para asuntos disciplinarios.

De acuerdo con el accionante, en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá se menciona que no es necesario contratar a personas pertenecientes a la comunidad LGBTI.

La Sala Penal casó el fallo condenatorio en contra de un juez de control de garantías acusado por el delito de prevaricato por acción, luego de ordenar la libertad inmediata de manera equivocada.

El año pasado, la Corte Constitucional reconoció al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas.

El certificado debe protocolizarse mediante escritura pública otorgada por el enajenador del predio, la cual se inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria del predio o predios sobre los cuales se desarrolla la edificación.

Las expresiones de uso común hacen referencia a aquellas designaciones que usualmente se utilizan en un país para referirse a un producto o servicio.

Es indispensable que la omisión, retardo, rehusamiento o denegación sea voluntaria, es decir, que el funcionario tenga conocimiento de que con su “no hacer” falta a sus deberes oficiales.