Las disposiciones que modifiquen y sean contrarias carecerán de todo efecto y no crearán derechos adquiridos.

Según el fallo, la falta de capacidad laboral, temporal o permanente, puede ser de origen laboral o común, y esta circunstancia determina cuál es la entidad obligada a cancelarla.

Tratándose de una categoría proveniente de la teoría general del Derecho, se diferencia de la ignorancia del funcionario judicial.

Se exhorta a la Defensoría del Pueblo para que realice acompañamiento en cuanto al cumplimiento de requisitos.

La Sala de Casación Laboral explica estas dos figuras procesales, y define la normativa aplicable y las etapas donde pueden ser aducidas.

Dicho medio de control busca la materialización de aquellos mandatos contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.

La Sala Plena de esta corporación judicial acaba de decretar la nulidad de la Sentencia T-121 del 2017, por desconocer el precedente de cosa juzgada.

Así lo recordó la Dian, al tiempo que indicó que son 3.586 contribuyentes, determinados por las condiciones estipuladas en la Resolución 0027 del 2014.

Según el Consejo de Estado, una lectura armónica y sistemática de las disposiciones del CPACA permite evidenciar que no existe contradicción.

La incompatibilidad no impide que se reconozca un derecho que cubra de manera más amplia las contingencias de la discapacidad.