Al recurrir un fallo en sede de casación se debe determinar con precisión la causal aducida y las razones fácticas y jurídicas que fundamentan la prosperidad del recurso, por lo que no se debe confundir esta causal con la ineficiencia en la exposición de los hechos del proceso o en la demostración de los mismos.

La causal se presenta cuando se omite la totalidad de los actos procesales comprendidos entre los señalados hitos que marcan el inicio y la terminación de cada una de las instancias.

El proceso de la tercera convocatoria inicia con el registro de las plazas o vacantes para esta modalidad por parte de las entidades públicas. Mintrabajo explica qué sigue.

La investigación disciplinaria se centró sobre las actuaciones que ejerció al conocer de un recordado caso de “falsos positivos”.

Un concepto recordó que el CTCP no es competente para pronunciarse sobre aspectos fiscales y/o tributarios, siendo la autoridad la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (Dian).

El término de las prescripciones establecido actualmente es de 10 años, acorde con el artículo 1º de la Ley 791 del 2002, antes era de 20 años, según el Código Civil.

Corresponde al juez de familia decidir la conveniencia o no, teniendo en cuenta el interés superior del menor.

Los jueces de paz no deben ser necesariamente conocedores del Derecho y del ordenamiento jurídico aplicable a los conflictos que dirimen, pero sí tienen la carga mínima de conocer y aplicar la Ley 497 de 1999.

Esta figura constituye un modo de extinción de las obligaciones tributarias que parte de la existencia de saldos a favor y en contra de los contribuyentes.

En reciente decisión se precisó que aun cuando el Estado actúe de forma legítima mediante el aparato jurisdiccional, la privación injusta de la libertad constituye un daño antijurídico que los ciudadanos no están obligados a soportar.