Esta determinación guarda armonía con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-591 del 2005, precisó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Le corresponde al empleador demostrar que lo sucedido a los trabajadores se dio por causas ajenas o externas. En el caso particular una empresa autorizó el uso de una moto.

No obstante su importancia en la demostración del ingrediente subjetivo del tipo penal o en la determinación de la culpabilidad.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado precisa que deben pagarse con cargo a la sección presupuestal de las personerías, para no vulnerar principios constitucionales.

Incurrió en la falta prevista en el numeral 4° del artículo 35 de la Ley 1123 del 2007 y, anteriormente, ya había sido sancionado en tres oportunidades.

Los principios de economía y celeridad no pueden sobreponerse sobre garantías constitucionales.

La medida busca, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto, no con objeto de restitución ni de reparación.

La figura solo aplica en cuanto a las mesadas o eventuales reajustes dejados de cobrar oportunamente.

Así lo dispuso la Superintendencia de Notariado al acatar la orden de la Corte Constitucional, tribunal que ordenó abrir paso al procedimiento notarial.

El Código de Procedimiento Penal prevé la legítima defensa como causal excluyente de responsabilidad.