Unos acuerdos tienen por finalidad esclarecer pasajes confusos u oscuros de la convención colectiva, otros alteran los parámetros definidos en dicho instrumento.

Es clave establecer si los actos mercantiles realizados por una persona jurídica se enmarcan dentro del giro ordinario de sus negocios.

Un fallo reciente de la Sala Penal de la Corte Suprema explica, entre otras cosas, si procede la acción de tutela contra las decisiones adoptadas por las autoridades indígenas en el ejercicio de su función jurisdiccional.

Un magistrado de la Sala Disciplinaria opina que si la falta a la debida diligencia no reporta un daño a su representado no debe ser sancionada.

En la Corte Constitucional se radicaron dos acciones públicas de inconstitucionalidad en contra de la Ley 2010 del 2019. Los principales argumentos de los accionantes son el desconocimiento del principio de equidad tributaria y el de autonomía territorial.

Si existe conflicto entre los posibles beneficiarios, el empleador podrá realizar el pago por consignación.

Quien solicite medidas de aseguramiento privativas de la libertad tiene la carga de probar que las no privativas de la libertad resultan insuficientes.

Para acreditar la condición de víctima se requiere que haya un daño real, concreto y específico que legitime la participación de la víctima o de los perjudicados en el proceso penal.

En el caso concreto, un alcalde municipal interpuso una tutela en contra de un ciudadano por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales, pues este publicó en su cuenta de Facebook un video en el que lo señalaban de “corrupto”.

La Sección Tercera del Consejo de Estado realizó precisiones respecto de la forma como deben ser redactadas las pretensiones principales y subsidiarias por quienes pretendan resolver controversias de índole contractual.