Dialogamos con Dalila Astrid Hernández, secretaria jurídica de Bogotá, sobre su gestión en la entidad pública, la actualidad procesal de algunos casos de interés para los bogotanos y sobre las acciones de la administración Peñalosa para evitar hechos de corrupción.

El Consejo Superior de la judicatura resaltó que los honorarios profesionales se deben fijar con criterio equitativo, justificado y proporcional.

ÁMBITO JURÍDICO buscó la opinión de varios expertos para aclarar si se requiere una regulación de este aspecto de las relaciones laborales.

La valoración de este requisito se torna más estricta cuando el demandante es una entidad pública, debido a que carecen de condiciones de vulnerabilidad.

Se fomentará el uso de vehículos eléctricos para combatir los efectos del cambio climático. Falta conciliar la iniciativa.

No es posible imponerle al ente obligaciones de hacer vía acuerdo de accionistas que no se ajusten a su plan de negocios.

Dentro de esta providencia, y acorde con lo dispuesto en la Sentencia T-302 del 2017, la Corte Constitucional concluyó que no es necesario adoptar órdenes concretas y específicas, sino dar cumplimiento al fallo precedente.

Una demanda argumenta que el servicio público de defensoría es esencial para garantizar el acceso a la administración de justicia y la protección de garantías, por lo que no es una función excepcional que deba ser contratada por prestación de servicios.