En otros países, leyes de esta naturaleza han contribuido, en gran medida, a la reactivación económica y financiera de muchos sectores.

La Sala Penal recordó la Sentencia SU-458 del 2012, allí se precisó la finalidad o funciones que cumplen las bases de datos de antecedentes penales.

Es importante que el Gobierno se plantee la posibilidad de expedir una ley que les permita a estas empresas encontrar un espacio para llegar a un acuerdo con sus acreedores.

El acto de coordinar apunta, más bien, a una actividad de concertación y de organización entre las partes contratantes.

Estoy pensando en una gran reforma que pretendo exponerle al Presidente de la República y su justificación es amplia.

$ 271,7 billones es el monto del presupuesto planteado por el Ejecutivo. En inversión, el monto para el 2020 es de $ 40,4 billones, inferior al presupuestado para 2019 en un 0,74 %.

Una queja anónima que no tenga los requisitos de la Ley 734 y las normas complementarias puede excusar a la autoridad disciplinaria de su deber de investigar y sancionar.

Los usuarios solo deben acreditar el pago de las sumas que no son objeto de discusión o el promedio de los últimos cinco periodos.

El Consejo de Estado, citando pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que cuando prescribe la acción penal sucede lo mismo con la acción civil, pero únicamente en relación con los penalmente responsables.

Se dio a conocer la Sentencia C-233, con las consideraciones que se tuvieron en cuenta para respaldar el artículo 206 (parcial) de la Ley 1801 del 2016 (Código de Policía).