Se debe tener en cuenta que el suicidio es un riesgo asimilable al accidente o enfermedad que no haya sido declarada como preexistente.

La decisión exige la sujeción a la normativa prevista para la constitución y funcionamiento de este tipo de entidades.

Así se aplique en Colombia el régimen de responsabilidad objetiva del Estado por actos de terrorismo, esta no es aplicable a concesionarios particulares de empresas de entidades públicas.

La Corte Constitucional ordenó ajustar la decisión disciplinaria a lo prescrito en los artículos 13 y 46 de la Ley 1123 del 2007.

El Gobierno sancionó la Ley 1984 del 2019, que modifica el artículo 11 del Decreto Ley 1793 del 2000 y cambia algunos efectos de la detención preventiva a soldados profesionales e infantes de marina.

En los últimos años, por motivos de odio, frustración, desprecio, celotipia, cosificación, misoginia y dominación masculina, los homicidios de mujeres aumentaron.

En otros países, leyes de esta naturaleza han contribuido, en gran medida, a la reactivación económica y financiera de muchos sectores.

La Sala Penal recordó la Sentencia SU-458 del 2012, allí se precisó la finalidad o funciones que cumplen las bases de datos de antecedentes penales.

Es importante que el Gobierno se plantee la posibilidad de expedir una ley que les permita a estas empresas encontrar un espacio para llegar a un acuerdo con sus acreedores.

El acto de coordinar apunta, más bien, a una actividad de concertación y de organización entre las partes contratantes.