Es importante advertir que salvó parcialmente su voto el magistrado Alberto Rojas, porque, en su criterio, los artículos 3, 6, y 8 debieron declararse inconstitucionales.

Se trata de un decreto que autoriza a Findeter a crear una línea de redescuento destinada a financiar total o parcialmente los rubros más representativos de la operación de las instituciones de educación superior públicas o privadas.

Algunas gestiones específicas del Gobierno y del Consejo Superior de la Judicatura para la implementación de soluciones económicas y tecnológicas no han desconocido los derechos fundamentales de los abogados.

La imposición de esta clase de sanciones es ilegal y, en caso de haberse exigido, las mismas no deben cobrarse.

Ante la respuesta del Ejecutivo a la tutela que le ordena garantías para la protesta pacífica, el país se pregunta si esto puede considerarse un desacato y cuáles serían las consecuencias de desconocer un fallo de una alta corte de justicia.

Es claro que el debate sobre el periodo de los magistrados en EE UU lo motivó la situación de la magistrada Ginsburg en las postrimerías de su muerte.

Se trata del Decreto 811 del 2020, el cual no superó en el control automático de constitucionalidad los juicios de necesidad, conexidad, finalidad y contradicción específica.

La AP hoy representa la octava economía del mundo medida por PIB, el bloque representa el 37 % del PIB de América Latina y el Caribe concentra el 52 % del comercio total.

Al realizar una compra el almacén solicita el número de identificación del adquiriente, con el fin de realizar el registro.

Se podría convocar a una asamblea constituyente para realizar esta reducción normativa y dejar a la ley y a los decretos lo que les corresponde regular.