Con el Decreto 807 se establecieron medidas tributarias y de control cambiario transitorias en el marco del estado de emergencia por la pandemia de coronavirus.

Los funcionarios del Ministerio del Trabajo no están facultados para declarar derechos u obligaciones ni dirimir controversias.

La Sala Civil precisó que este contrato es una especie de segundo seguro surgido autónomamente con ocasión de uno anterior, pero sin sujeción estricta.

La SIC recordó que la regulación colombiana expresamente prohíbe utilizar “medios engañosos o fraudulentos para recolectar y realizar tratamiento de datos personales”.

El proyecto cuestionado fue de iniciativa de algunos congresistas, pero el Gobierno no solo no avaló las medidas allí contenidas, sino que también se opuso abierta, expresa y directamente a su trámite.

Empleador, trabajadores y organizaciones sindicales pueden acordar modificaciones temporales a beneficios adquiridos.

La Corte Constitucional también condicionó una expresión contenida en el párrafo 3 del artículo 10 y el artículo 22 del Decreto 770 del 2020.

Cada seis meses, en cuanto sea conveniente o necesario, la JEP debe ajustar las medidas adelantadas.

La providencia precisó cómo se resuelve el vacío normativo cuando no existe norma expresa sobre la jurisdicción que debe conocer de controversias relacionadas con un prestador de servicios públicos domiciliarios.

Este decreto va dirigido a los servidores públicos y contratistas del Estado que estén prestando sus servicios desde la casa, en el marco del artículo 11 del Decreto Legislativo 491 del 2020.