El legislador debe establecer las condiciones en que se permitirá la participación política de los servidores públicos.

No se ejercieron funciones propias del CNSSS o que le hubiesen sido delegadas.

No se encontró que las normas demandadas violaran el derecho a la igualdad, a la educación, al trabajo y al debido proceso de cara al sistema de medición adoptado.

Explican el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto el secuestre permitió la sustracción, destrucción o menoscabo de los bienes objeto de medida cautelar.

La remuneración de los servidores públicos corresponde a los servicios efectivamente prestados.

El Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa deberán ofrecer excusas y pagarle más de $ 1.000 millones a sus familias.