Para estos casos, la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios prevalece sobre el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

El decreto único reglamentario de Contabilidad, Información Financiera y Aseguramiento de la Información estableció el marco normativo que aplicarán desde el año 2018.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó que es posible que un determinado pago se refiera a derechos causados en periodos anuales anteriores sin que por ello el mismo deba tenerse en cuenta como base para la liquidación.

Se podría estar materializando la coadministración y se afectaría el cumplimiento de los principios del código de ética del contador.

La normativa interna no puede involucrar la inaplicación de reglas tributarias que cada país establece de manera autónoma.

Según la providencia, este criterio retomado por la Sala Penal no es aplicable al caso de los Nule y ni al de Mauricio Antonio Galofre Amín, en respeto por el debido proceso.

Varias entidades estatales han implementado programas para mejorar el acceso a los servicios que ofrecen, inclusive acercándose a las residencias de los interesados.

En el plazo señalado por la ley para resolver de fondo no solo debe proferirse una decisión, sino que se debe notificar en debida forma para que surta efectos jurídicos.

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia explicó que las particiones se anulan y se rescinden de la misma manera y según las mismas reglas que los contratos.

La decisión fue adoptada por unanimidad en la Corte Constitucional, donde además se destacó el enfoque de género y la participación ciudadana que tendrá el nuevo organismo, que hace parte de la institucionalidad para implementar el acuerdo de paz.