El requisito de inmediatez exige que esta acción se interponga tan pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales o, por lo menos, dentro de un término prudencial a su ocurrencia.

El instituto jurídico de la cesión respecto de un derecho litigioso constituye el medio ideado para introducir cambios en el extremo acreedor, al margen de la acción judicial dirigida a esclarecerlo.

Es increíble cómo personas que uno no conoció y de las que solo sabe por sus escritos y sentencias terminan recordándole lo verdaderamente importante en la educación jurídica: creer en el alma del estudiante.

Pero la historia jugó una de sus perversas bromas: hoy, el único gran fenómeno nacional en EE UU emanado de un ejercicio de identidad es Donald Trump.

Al recurrir un fallo en sede de casación se debe determinar con precisión la causal aducida y las razones fácticas y jurídicas que fundamentan la prosperidad del recurso, por lo que no se debe confundir esta causal con la ineficiencia en la exposición de los hechos del proceso o en la demostración de los mismos.

La causal se presenta cuando se omite la totalidad de los actos procesales comprendidos entre los señalados hitos que marcan el inicio y la terminación de cada una de las instancias.

El proceso de la tercera convocatoria inicia con el registro de las plazas o vacantes para esta modalidad por parte de las entidades públicas. Mintrabajo explica qué sigue.

La investigación disciplinaria se centró sobre las actuaciones que ejerció al conocer de un recordado caso de “falsos positivos”.

Un concepto recordó que el CTCP no es competente para pronunciarse sobre aspectos fiscales y/o tributarios, siendo la autoridad la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (Dian).

El término de las prescripciones establecido actualmente es de 10 años, acorde con el artículo 1º de la Ley 791 del 2002, antes era de 20 años, según el Código Civil.