La investigación disciplinaria se centró sobre las actuaciones que ejerció al conocer de un recordado caso de “falsos positivos”.

Un concepto recordó que el CTCP no es competente para pronunciarse sobre aspectos fiscales y/o tributarios, siendo la autoridad la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (Dian).

El término de las prescripciones establecido actualmente es de 10 años, acorde con el artículo 1º de la Ley 791 del 2002, antes era de 20 años, según el Código Civil.

Corresponde al juez de familia decidir la conveniencia o no, teniendo en cuenta el interés superior del menor.

Los jueces de paz no deben ser necesariamente conocedores del Derecho y del ordenamiento jurídico aplicable a los conflictos que dirimen, pero sí tienen la carga mínima de conocer y aplicar la Ley 497 de 1999.

Esta figura constituye un modo de extinción de las obligaciones tributarias que parte de la existencia de saldos a favor y en contra de los contribuyentes.

En reciente decisión se precisó que aun cuando el Estado actúe de forma legítima mediante el aparato jurisdiccional, la privación injusta de la libertad constituye un daño antijurídico que los ciudadanos no están obligados a soportar.

Todos los abogados en ejercicio, sin excepción, pueden caer en el radar de los medios en cualquier momento y de la manera más inesperada. Pautas prácticas sobre cómo se debe manejar el contacto con la prensa.

La Corte Suprema precisó que se debe demostrar que el error del juzgador llevó a una decisión distinta de la que debió haberse emitido frente al litigio, de modo que no basta demostrar la simple infracción a la ley.

Un reciente fallo de la Sala Penal recuerda las dos posiciones que existen en la Corte Suprema frente a la aplicación del sistema de cuartos para este tipo de penas.