ÁMBITO JURÍDICO consultó a varios expertos para debatir si realmente existe la posibilidad de una intervención por parte del organismo internacional, luego de la revisión constitucional del Acto Legislativo 01 del 2017.

A propósito de las II Jornadas internacionales en Derecho Comercial, ÁMBITO JURÍDICO conversó con dos destacados panelistas: Deon Woods Bell, senior international attorney in the Office of International Affairs of the Federal Trade Commission (EE UU), y Esteban Manuel Greco, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina.

Barak estudia la proporcionalidad desde las teorías de los derechos humanos, pero también desde la filosofía liberal, la democracia y el control constitucional.

La Sentencia T-361 del 2017 de la Corte Constitucional estructuró un compendio importante en torno a la participación ciudadana dentro de la gestión ambiental.

La ordenanza o acuerdo debe ser conocido por los contribuyentes y contra este proceden las acciones legales correspondientes.

En reciente concepto, la Contraloría explicó que los interventores no son parte contractual, por lo que aspectos como la terminación de los contratos no están dentro de su órbita de competencia. Sobre el particular, solo están facultados para conceptuar.

La publicación británica Chambers & Partners otorgó a Posse Herrera Ruiz el premio “Client Service Award 2017” para Colombia. Este reconocimiento se otorga a aquellos bufetes que se destacan por su excelente calidad en la prestación de servicios legales, los logros obtenidos en los últimos 12 meses y la asesoría legal en casos representativos.

La función social del Derecho implica un estricto control sobre la observancia de estándares éticos en el ejercicio profesional, ya que su incumplimiento acarrea la vulneración de derechos fundamentales de terceros.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública explicó en qué circunstancias el contador debe evaluar la eventual ocurrencia de conflictos de interés a fin de ejercer la profesión.

El Consejo Superior de la Judicatura y el Departamento Administrativo de la Función Pública tenían interpretaciones encontradas sobre el inciso 3° del artículo 38 de este estatuto procesal y el parágrafo 1° del artículo 206 del nuevo Código de Policía.